Acaba de ingresar al Congreso de la Nación un proyecto del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que pretende impulsar un Sistema de Seguridad Nacional orientado al objetivo constitucional permanente e irrenunciable del pueblo argentino de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con los espacios marítimos correspondientes.
Paralelamente, con una reciente licitación internacional para la adquisición de un buque polar promovida por el Ministerio de Defensa, la Argentina se encuentra nuevamente frente a una decisión estratégica. Aunque la necesidad logística es concreta, la cuestión es si esa incorporación se limita a comprar un buque construido en el exterior o si se aprovecha para recuperar capacidad de construcción naval propia.
El 16 de septiembre de 2026, Tandanor informó que recuperó, después de décadas de funcionamiento limitado, la capacidad operativa de su sistema Syncrolift, infraestructura estratégica de 184 metros de largo y 32,90 metros de ancho, con capacidad para levantar hasta 15.000 toneladas. En paralelo, la licitación prevé la adquisición de una unidad polar nueva o usada, con ofertas abiertas entre septiembre y octubre de 2026. La Argentina ya había desarrollado un proyecto de buque polar con ingeniería nacional y participación de firmas especializadas.
Esa licitación se impulsaría ignorando el artículo 15 de la Ley de Industria Naval Nacional, que reserva para los astilleros nacionales las construcciones destinadas a los organismos del Estado. Sobre este buque polar existió un extenso debate en 2018, donde se sostuvo que el país tenía capacidad para construirlo.
Existen capacidades concretas en Tandanor y en Astillero Río Santiago que permiten pensar una construcción nacional, articulando industria, tecnología, empleo y defensa, como así mano de obra y gremios comprometidos.
Finalmente, en 2019 se aprobó la alternativa de adquirir un proyecto básico de ingeniería en el exterior y construir el buque en la Argentina.
La urgencia operativa es real, pero no necesariamente obliga a resignar una estrategia de largo plazo para recuperar capacidad industrial propia.
El proyecto de ley, bajo el título Consejo de Seguridad Nacional, dedica varios apartados a la coordinación de las distintas áreas de la defensa. A su vez, en el Título III regula la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, e incorpora un régimen específico para la identificación, planificación y protección de las infraestructuras críticas.
Entonces cabe una pregunta inevitable: ¿los astilleros que construyen buques y plataformas flotantes para la defensa nacional no forman parte de esa infraestructura crítica?
La licitación todavía permite abrir esta discusión. La pregunta de fondo es si la inversión debe servir solo para incorporar un buque o para construirlo aquí y, al mismo tiempo, recuperar capacidad de construir los buques que necesitaremos mañana. Porque cuando ese buque termine su vida útil Argentina habrá cumplido su misión en la Antártida, generado trabajo, ahorrado divisas, desarrollado capacidades autónomas y, muy especialmente, poder nacional.
Más precisamente, construir un buque es, en esencia, construir industria. Cada etapa forma, desarrolla proveedores y recupera conocimientos que después pueden aplicarse a otros buques.
La Antártida necesita capacidad logística, y un nuevo buque polar permitiría complementar el sistema actual. Pero lo más importante es lo que queda en el país después de construirlo: profesionales formados, trabajadores especializados, proveedores y tecnología nacional, en vez de perder capacidades que luego son costosas de reconstruir.
La Argentina tiene antecedentes, infraestructura, profesionales y trabajadores capaces de participar en un proyecto de esta magnitud. Por eso, el objetivo debería ser claro: el buque polar que necesita la Argentina debe construirse en la República Argentina, como parte de una política destinada a recuperar capacidades nacionales y poder nacional.
Los buques destinados a defender nuestras Islas Malvinas, el Mar Argentino y nuestra Antártida se deben construir en Argentina para desarrollar poder nacional en su máxima plenitud.
Construir nuestro propio buque no es solo fabricar acero y tecnología: es construir la capacidad de decidir nuestro propio futuro argentino y marítimo.
La Antártida necesita capacidad logística, pero la Argentina necesita algo más profundo que un buque: necesita volver a creer que puede construirlo.
Un rompehielos comprado afuera cruza el hielo. Un rompehielos construido acá rompe la dependencia.
Cada chapa soldada en Tandanor y en Río Santiago es soberanía que no se importa.
No hay defensa de Malvinas y de la Antártida sin industria que la haga posible. Declarar a los astilleros como infraestructura crítica no es un detalle técnico de esta Ley de Soberanía: es su condición de existencia.
Por eso la disyuntiva es clara: o importamos un buque y exportamos trabajo, o construimos en Argentina y recuperamos poder nacional. Necesitamos la decisión gubrrnamental, la reprogramación acelerada del proyecto disponible, el presupuesto, el compromiso financiero, laboral y de calidad, y la supervisión estricta de la ejecución.
El buque polar que necesita nuestra Antártida, debe construirse en la Argentina para desarrollar capacidades con las más ambiciosas aspiraciones y posibilidades.
* Abogado, diplomado en relaciones internacionales, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional; Fundador y Presidente de la Fundación Argentina Azul.