Una semana atrás en este espacio se señaló que las expectativas electorales del oficialismo habían mejorado de cara octubre básicamente por causas económicas, la baja de la inflación y el aumento de la actividad. Siete días más tarde otras señales –políticas en su totalidad-- apuntan en dirección opuesta.
La posibilidad de que la Corte Suprema saque de la competencia electoral a Cristina Kirchner con una doble condena por corrupción cambia radicalmente un panorama que el presidente Javier Milei veía con razonable optimismo. Pone a su principal adversaria en el papel de “víctima” de una supuesta “proscripción”, significa una fuerte presión a favor de la unidad del peronismo bonaerense y diluye la polarización que el gobierno buscaba usar como principal carta de campaña.
Para peor la definición de esta situación escapa del alcance del oficialismo, porque los que resolverán sobre la cuestión son miembros de un tribunal que no le responden y tienen una dura interna fuera de cualquier control. Si a esto se suma que el Congreso está dando señales de que entró en modo electoral (es decir, que puede aprobar cualquier ley sin medir su costo económico) y que la oposición, ampliamente mayoritaria en las dos Cámaras, también escapa a la influencia del Presidente, la incertidumbre es el dato que caracterizará la política de los próximos meses.
Los golpes intercambiados por la Corte y CFK constituyeron la clave de la semana. Todo comenzó 10 días atrás en una reunión de comisión en el Senado para tratar proyectos de aumento de integrantes del alto tribunal. En esa oportunidad un vocero de la ex presidenta lanzó una feroz diatriba contra el Poder Judicial en general y la Corte en particular y pidió su remoción. Cuarenta y ocho horas más tarde la Corte ratificó la pena de prisión para Lázaro Báez en el caso “ruta del dinero K” y pidió que se continuase investigando a la ex presidenta por esa fuga de dinero. Por su parte el Gobierno apoyó a la Corte y dejó trascender que no quiere ampliar el número de sus jueces.
Ante la posibilidad de ser inhabilitada, Cristina Kirchner lanzó el lunes pasado su candidatura a diputada bonaerense. El miércoles la Corte le contestó rechazando la recusación que había presentado contra el juez Lorenzetti en la causa en la que está condenada. Quedó así a un paso de ratificar su doble condena y sacarla de la carrera electoral. Tiene plazo para decidir hasta mediados del mes próximo. Milei no juega en esa mesa, pero va a pagar las consecuencias de de la pelea palo por palo de los integrantes de la Corte y Cristina Kirchner.
Si CFK no puede competir, el principal problema para el gobierno, será el de no poder aplicarle la receta que le aplicó a Mauricio Macri: derrota en las urnas, seguida de jubilación definitiva. Eso sólo lo conseguiría ganándole en su propio distrito como hizo con el dirigente que manejó la ciudad de Buenos Aires durante más una década y media.
La vuelta a la competencia electoral de Cristina Kirchner tiene un segundo afectado: Axel Kicillof, que anteayer volvió a tomar contacto con ella después de meses sin diálogo. Ahora parece difícil que divida al peronismo sin ser acusado de traición. El matricidio político le queda más lejos.
El único enigma subsistente es cómo quedarán las listas y qué pasara ahora con los intendentes que lo apoyaban. La gran duda es para qué desdobló las elecciones si terminará arreglando con su ex mentora.
Capítulo aparte merece la ofensiva de la oposición peronista en el Congreso. El miércoles la Cámara de Diputados aprobó un aumento a jubilados y la reapertura de la “moratoria” es decir la graciosa concesión de jubilaciones sin aportes. Hay distintas estimaciones sobre su costo fiscal, pero sobre lo que no hay dudas es que destruiría el superávit y obligaría al gobierno a emitir para pagar este monumental Plan platita.
De manera que, si el Senado lo sanciona, el Ejecutivo lo vetará, pero los dos tercios para insistir no están fuera del alcance del peronismo como quedó demostrado en Diputados, donde gobernadores “dialoguistas” se sumaron al jueguito para la tribuna, lo que el gobierno llama degeneración fiscal. Los mandatarios provinciales están perdiendo recaudación (la coparticipación cayó un 20% en mayo) y presionarán a la Casa Rosada por fondos. Como dijo un diputado después de la sesión de jubileo: acá alguien va a cobrar; o los gobernadores o los jubilados. En síntesis, la candidatura de Cristina Kirchner provocó un sismo político. El impacto se funda en la idea de que puede conservar un 50% de votos en la populosa tercera sección y ganar la provincia (ver “Insatisfechos con Milei”). Si eso ocurre, será malo para Milei, para la gobernabilidad y para la estabilidad económica, algo que excede la coyuntura electoral, pero depende de ella.