“Me siento aliviada. En estos dos meses estuve muy triste y no veía la hora de volver. Por fin se terminó esta pesadilla”, expresó la abogada Agostina Páez al pisar suelo argentino ayer a las 19.15.
Su regreso se concretó al arribar al Aeroparque Jorge Newbery tras haber permanecido en Río de Janeiro desde mediados de enero, a raíz de una causa judicial por injuria racial que le había impedido salir del país durante todo ese período.
La salida de Brasil se produjo luego de que la Justicia le concediera un hábeas corpus presentado por su defensa, lo que le permitió regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial en su contra.
CONDICIONES
Para poder salir de Brasil, la Justicia le impuso una serie de condiciones. En primer lugar, Agostina tuvo que pagar una fianza de 97 mil reales, lo que equivale a 18 mil dólares aproximadamente. Según la resolución, el monto representa el valor de 60 salarios mínimos.
En segundo lugar, la joven, de 29 años, debió fijar un domicilio, que sería el de su casa en Santiago del Estero, y tendrá que mantenerse en contacto permanente con la justicia de Brasil, ya que todavía no hay una sentencia definitiva.
El viaje de regreso lo realizó acompañada por su abogada defensora, Carla Junqueira, quien la asistió durante todo el proceso en territorio brasileño.
En el aeropuerto de Río de Janeiro, antes de abordar el vuelo hacia Buenos Aires, Páez también fue despedida por el vicecónsul argentino en esa ciudad, Maximiliano Alaniz Rodríguez, quien había seguido de cerca su situación y le brindó apoyo institucional durante las semanas en las que permaneció retenida. La escena marcó el cierre de una etapa atravesada por la incertidumbre judicial y la exposición pública.
El origen del caso se remonta a la madrugada del 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, donde la abogada santiagueña fue denunciada por haber realizado gestos considerados racistas hacia empleados del lugar. En Brasil, este tipo de conducta está tipificada como delito y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, lo que derivó en la apertura de un proceso judicial que avanzó con distintas audiencias y la recopilación de pruebas.
Durante su permanencia en Río de Janeiro, Páez debió cumplir con restricciones que le impedían abandonar el país, en un contexto que, según relató, estuvo marcado por el temor y la necesidad de resguardarse. Sus salidas se limitaron a lo estrictamente necesario, y en más de una oportunidad señaló que adoptaba medidas para evitar ser reconocida en la vía pública.
En paralelo, su defensa impulsó distintas presentaciones para lograr que pudiera continuar el proceso desde la Argentina. En ese sentido, se propuso que, en caso de una eventual condena, pudiera cumplir medidas alternativas -como tareas comunitarias o instancias de capacitación- en su provincia de origen, Santiago del Estero.
En las últimas instancias del expediente, el tribunal decidió unificar los cargos en su contra, mientras que la acusación solicitó una pena de dos años de prisión, correspondiente al mínimo previsto para este tipo de delito. Tanto la fiscalía como la querella manifestaron su conformidad con la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo que contemple medidas no privativas de la libertad, aunque la resolución final aún depende de la jueza interviniente.
FALLO DEFINITIVO
El retorno de Páez al país no implica el cierre de la causa. La abogada deberá permanecer a disposición de la Justicia mientras se aguarda el fallo definitivo, que podría conocerse en las próximas semanas. Durante ese tiempo, seguirá sujeta a las condiciones que se establezcan en el marco de la cooperación judicial entre Argentina y Brasil.
Antes de emprender el regreso, Páez reiteró públicamente su arrepentimiento por lo ocurrido. Aseguró que no tuvo intención de discriminar y que su reacción fue inapropiada en un contexto de tensión. También sostuvo que pidió disculpas en reiteradas ocasiones y expresó su expectativa de que el caso pueda resolverse en el corto plazo.
Con su llegada a Buenos Aires, se abre una nueva etapa en el proceso: la espera del veredicto final desde territorio argentino, luego de más de dos meses en los que el caso combinó instancias judiciales, repercusión mediática y gestiones diplomáticas que finalmente habilitaron su regreso.