La oposición de la Cámara de Senadores rechazó cuatro decretos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia mediante los cuales el Poder Ejecutivo había dispuesto la supresión de organismos descentralizados o su reestructuración para reducir el gasto y la burocracia estatal.
En todos los casos los decretos quedaron derogados, porque ya también habían sido rechazados por la Cámara de Diputados. Las mayorías para los rechazos, se votó cada decreto de manera individual, osciló entre 55 y 60 votos. Los votos en favor del gobierno, en cambio, no superaron en ningún caso los 13.
Uno de los decretos de facultades delegadas disponía la reestructuración del Ministerio de Economía y sus organismos descentralizados vinculados a la agricultura, la industria y el transporte. La norma afectaba al INTA, al instituto de semillas, al instituto de vitivinicultura, de agricultura indígena y de propiedad industrial, entre otros.
El kirchnerista Daniel Bensusán rechazó la decisión del Ejecutivo alegando que destruía el desarrollo tecnológico, sometía a la economía nacional a empresas extranjeras y perjudicaba a las provincias. “Esos organismos generan soberanía”, aseguró.
Otro de los decretos rechazados determinaba la disolución, transformación y fusión de organismo del área de cultura como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Sanmartiniano, el Instituto Eva Perón y de comisiones nacionales como la de bibliotecas y la de lugares históricos.
Por su parte el decreto 351 había dispuesto la transformación del banco nacional de datos genéticos de organismo descentralizado -que tiene su propia burocracia administrativa- en desconcentrado, es decir, que mantiene su autonomía funcional, pero delega las funciones administrativas en la secretaria de la cual depende.
Rechazó la medida el camporista Eduardo De Pedro que afirmó que ese organismo tenía que ver “con la política de memoria, verdad y justicia” y que su reestructuración no estaba vinculada “con el ajuste sino con volver a una Argentina de la impunidad”. Acusó además al gobierno de “complicidad plena con la dictadura militar”.
Otro decreto derogado disponía la disolución la Dirección Nacional de Vialidad y la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en tanto a través del DNU 340 –también eliminado- se establecía un régimen de excepción de la marina mercante. El objetivo de esta última norma desregular la actividad para hacer a la marina mercante nacional más competitiva. Imponía también restricciones al derecho de huelga.
Según ese decreto, las restricciones normativas existentes generaban consecuencias distorsivas en el mercado, e impedían “acompañar la evolución en el transporte fluvial y marítimo ya que, lejos de cumplimentar el declamado propósito de tutela de la Marina Mercante Nacional, funcionan como factor causante de múltiples sobrecostos que afectan la cadena logística, con particular intensidad a las economías regionales”.
En respuesta, el kirchnerista Carlos Linares aseguró que el decreto no había sido redactado por el gobierno sino “por la multinacional francesa Dreyfus que venía por el monopolio de la actividad”. Sostuvo, además, que un decreto similar ya había sido declarado inconstitucional.
VOTACIONES
INTA e INTI: 60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención.
Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.
Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.
Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.
Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención.