El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó que deben rechazarse los pedidos de sobreseimiento por inexistencia de delito del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino, y de los demás imputados por una multimillonaria retención indebida de aportes.
“Si la AFA retuvo dinero que no le pertenece y no lo depositó en las fechas legales –que es lo que está bajo investigación–, entonces eso no ‘desaparece’ por obra de una mera tregua administrativa: no si la deuda es exigible, si el plazo venció y si, como consecuencia de ello, el dinero en cuestión no llegó al Estado en el tiempo exigido por ley“, advirtió.
La fiscalía sostuvo que la causa por la deuda impositiva iniciada por denuncia de ARCA debe seguir adelante y reclamó que se confirme la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante, quien se negó a dictar los sobreseimientos por inexistencia de delito.
“La consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”, agregó en relación a cuándo hay delito.
Pérez Barberá advirtió que “la exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos procesales de ejecución, sino de la existencia de un deber jurídico de cumplimiento cuyo vencimiento habilita al acreedor a reclamar su satisfacción”, afirmó.
La sala A del Tribunal de Apelaciones en lo Penal Económico integrada por la jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos había fijado una audiencia para escuchar los argumentos, pero todos presentaron memoriales escritos. De todas maneras, no habrá una decisión antes del 25 de marzo, porque uno de los acusados pidió prórroga y le fue concedida. El magistrado ya está en condiciones de decidir si procesa, dicta falta de mérito o los desvincula.