Como si hubiera querido reactivar una opinión pública que no le está siendo muy favorable en términos de perspectivas electorales, el Gobierno ha arrojado cinco o seis medidas que tienen alguna base conceptual válida, pero que corren el riesgo de desvirtuarse por algunas de las particularidades en el modo de implementarse y en las limitaciones originadas por el propio oficialismo.
La primera es el proyecto de ley que se anunció el jueves sería enviado al Congreso para asegurar la continuidad de los directores del Banco Central y al mismo tiempo creando un sistema que impide la emisión monetaria y sanciona con castigos económicos a los legisladores al paralizar el pago de todos sus gastos en caso de que se convalide el déficit fiscal.
En su exposición el Presidente cargó contra la “Alta política”, para muchos un reemplazo del agotado término “casta”, siempre en el idioma particular y precario que utilizan sus asesores. También acusó con su habitual lenguaje de cartonero a los que incurrieron en esos desatinos en el pasado. Desde el punto de vista conceptual, el planteo presidencial es acertado, sin discusión. Es algo injusto en cuanto no incluye a su propia gestión dentro de los culpables de lo que intenta corregir. La emisión y el endeudamiento en instrumentos en pesos y en transferencias del Banco Central, han sido en varios períodos mecanismos utilizados durante su gestión.
Como elemento efectista utilizó una cifra largamente conocida, que es la tasa de emisión- inflación histórica del país, absolutamente escandalosa. Lo que no resulta fácil de explicar es cómo hará el Banco Central para comprar los dólares que le reclama el Fondo Monetario que compre para poder hacer frente a los vencimientos de la deuda defaulteada y otras obligaciones que se avecinan sin emitir. “La mayor reforma en un siglo” -dijo el mandatario en su estilo grandilocuente.
Este Gobierno, o cualquier otro, no tiene más remedio que seguir comprando dólares mediante emisión, a menos que se produzca un superávit fiscal casi inalcanzable, o que se pueda renovar la deuda. Puede existir la creencia de que los dólares que se produzcan en el luminoso futuro que se proyecta, son del estado, pero no lo son, con lo que, aun manteniendo el cepo y otros controles cambiarios, no es posible satisfacer la deuda de otra manera.
Para ponerlo de un modo simple, pareciera que se quiere “incendiar” el área del Central que emite moneda, pero se deja intacta el área que controla el tipo de cambio con variados recursos legales u operativos y manipulaciones según las necesidades de cada momento.
Otro complicado aspecto del proyecto, que habrá que leer en detalle en su versión final y en lo que finalmente se apruebe, si se aprueba, es el punto de la remoción de autoridades de la entidad monetaria, que requiere una mayoría agravada, distinta a la de su nombramiento, y la intervención de las dos Cámaras. Para evitar la sospecha que surgió de inmediato de que se trata de un modo de preservar los cargos que actualmente detentan funcionarios que tienen relación estrecha con los ministros y el Presidente, sería prudente que estas modificaciones, suponiendo que fueran aprobadas, sean aplicables a los nuevos funcionarios que se elijan, no a los que ya existen (se trata de una utopía en una Argentina virtual, por supuesto).
Otra razón de peso puede ser también la necesidad de que se garantice al inversor y al público en general que las decisiones monetarias que están tomando no serán modificadas por cualquier gobierno próximo. En realidad, y paradojalmente, el Congreso no puede remover a los funcionarios sin los dos tercios, pero puede cambiar la ley en el punto de la remoción al status anterior, con lo que no está garantizado el futuro, por otra parte siempre difícil de garantizar por quien fuera. Lo mismo ocurre con las reglas monetarias y de emisión.
Tampoco está claro si se mantendrá la duración actual de los mandatos, un punto importante a considerar. Aprobar la designación de nuevos funcionarios será una tarea todavía más difícil de lograr que en la actualidad, justamente por lo difícil de su remoción.
Es acertada la decisión de que el Banco no sea bifuncional es decir que se ocupe de mantener el valor de la moneda y de fomentar el empleo simultáneamente. Esta imposible dualidad, presente en el mandato de la Reserva Federal, garantiza prácticamente la inflación. Esto es porque detrás de ella subyace la idea que la inflación aumenta el empleo, (curva de Philips) cuando en realidad ello ocurre apenas por un corto plazo, para luego producir un efecto inverso al buscado. Esto ha sido demostrado, si hacía falta, por la evidencia empírica de la gestión de Sergio Massa (la tesis doctoral del actual vocero presidencial de versaba justamente sobre esa curva, cuyo significado fue desvirtuado totalmente por el keynesianismo).
El control de cambios es una decisión largamente pendiente sobre la que el oficialismo parece tener muchos temores, como si el libertarismo funcionase sólo parcialmente, en algunos puntos sí y en otros no. Pero estas reformas, suponiendo que todas sean positivas, deben completarse con un sistema cambiario e impositivo diferente. La idea de la doble moneda no puede funcionar en estas condiciones, ni con el deficiente e improvisado Código Civil y comercial que permite el pago de las obligaciones en dólares en pesos al tipo de cambio oficial, lo que desvirtúa el concepto.
El RIGI y el Súper RIGI que se menciona ahora con más énfasis, y que además de no ser equitativos a criterio de esta columna, son innecesarios para las industrias extractivas, también perjudican la generación de un superávit fiscal que ayudaría a resolver el problema de la necesidad de comprar dólares en el mercado. Un cambio en el Código Civil y Comercial debería posibilitar cobrar impuestos y regalías en la moneda en que se exporta (Ejemplo noruego).
Todas las exenciones que se están otorgando son siempre acompañadas de la promesa de que esas inversiones generarán mucho empleo directo e indirecto. Si se sumasen todas las promesas de generación de empleo con que se justificaron todas las exenciones y prebendas que aún rigen, la demanda de empleo debería exceder el tamaño de la población.
Muchas de estas decisiones, dentro de las que habría que incluir la modificación o refuerzo del proyecto de Ley de Inocencia fiscal, tienen como trasfondo la necesidad de que se recupere la confianza sobre el país, tanto interna como externa. Esa ley, claramente extrema, se encuentra sin embargo con otro contrasentido: toda manifestación de esos bienes sufriría de inmediato los efectos del impuesto al Patrimonio, que en los casos en que se aplica la sobretasa inventada por Heller-Máximo, supera al 3% anual, un gravamen altísimo para la simple tenencia de fondos, aún sin que genere ninguna ganancia, que tributaría por su orden.
Macri trató de resolver el punto aplicando una escala descendiente futura hasta la eliminación del impuesto, o una tasa mínima. El gobierno de LLA no parece dispuesto a bajar la tasa Heller-Kirchner, como no lo está para eliminar el cepo y el control cambiario en general. Esa enorme contradicción hace que no sea necesario temerle a un retorno del kirchnerismo o similares. Basta con temerle al mileísmo actual. Toda declaración de nuevos fondos pasa a generar una pérdida para el contribuyente del 2 o 3% anual sin hacer absolutamente nada. Fuerte contradicción, como tantas que se pueden advertir en muchas de las ideas de desregulación.
Siempre al amparo de la idea de generar más inversión y empleo, se están otorgando concesiones o licitaciones a varios grupos (¿sic?) que se harán cargo de diversos servicios, obras públicas. En demasiados casos sin un claro proyecto de inversión ni explicaciones del mecanismo de adjudicación. Esas empresas van a parar a personajes o empresas desconocidas o a otras demasiado conocidas. Casi siempre a amigos compartidos con lo peor del peronismo.
Es difícil advertir en esas adjudicaciones el beneficio del mercado futuro. Es difícil entender que las obras se adjudiquen a Cartellone, un arrepentido de la causa de los cuadernos, o, hace 48 horas, se produjo la resurrección de Cristóbal López, alguien que se benefició oportunamente de la ley de Inocencia Fiscal mucho antes de que la ley existiera. Milei grita e insulta a ciertos ladrones. El Presidente tiene alguna distorsión en lo que percibe como libre competencia. O mejor, no cree demasiado que el mercado se trate de una cuestión de competencia.
Dejando el campo económico, el Gobierno también ha incursionado en otras áreas con medidas dudosas. Por caso, la idea de emitir un secreto prohibiendo conceder residencia, entrada al país o aun permanencia a quienes hayan insultado o atacado al país con sus dichos o expresiones de odio (se recordará que el gobierno de Trump acaba de decidir que se negará cualquier visa a quienes se nieguen a declarar sus cuentas de redes sociales, paso previo a la misma idea de sancionar el pensamiento).
Milei no lo debe hacer. Mucho más conducente sería hacer una revisión completa de la política migratoria y los requisitos, para ponerla en igual nivel que la gran mayoría de países. Eso aclararía la confusa (y carísima) situación actual, donde se revolean DNI, residencias, permisos, ciudadanías alegremente, confiriendo derechos que paga el contribuyente a quienes sólo se disfrazan de ciudadanos para obtener gratis los servicios y hasta los subsidios que su país no les otorga. Las reformas deben ser integrales, no parches, ni improvisaciones, ni reacciones viscerales.
Frente a los sensibles que desean extender el brazo protector de la sociedad argentina a tantos pobres que hay en el mundo, a los que se basan en la Constitución, o a los que sostienen sin ningún fundamento ni medición que los impuestos que pagan los estudiantes y los graduados son mucho más que su costo, tal vez hasta sería adecuado un plebiscito para compulsar la opinión de la sociedad, luego de proveerle de los datos e información suficientes, hasta ahora ocultas quién sabe debido a qué mecanismo de corrupción. Pero este decreto no.
No parece haber un orden de prioridades en la desregulación o en los cambios estructurales y su velocidad relativa. Si se quisiera recuperar la confianza pública, asegurar la libertad y el respeto por la propiedad y los derechos del consumidor, base de toda economía libre, se debían poner todos los esfuerzos y recursos al servicio de reformar la Justicia, el corazón y cerebro de la corrupción nacional. No parece que ello esté ocurriendo. Entonces muchas de las reformas y cambios revolucionarios no parecen serios. Al contrario. Los pasos que se han dado y se siguen dando en la Justicia y las designaciones recientes y en curso, garantizan que la corrupción seguirá por un tiempo largo. La alta política, antes la casta, sigue reinando en los tres poderes.
Todo proceso de cambio del populismo o el socialismo a un sistema sensato económico y social es largo y no es lineal. Ni siempre es ordenado. Mucho peor cuando se viene de un proceso de putrición deliberadamente instaurado. La destrucción creativa de que hablaba Schumpeter, o la acción del mercado, como dice Milei, funcionan efectivamente equilibrando los factores.
El problema es que ello no es instantáneo. Los conductores de diligencias no pasaron en una semana de atizar los caballos a conducir locomotoras. Tardaron años. A veces fueron sus hijos o los hijos de otros los que tomaron esos puestos. Eso es lo que ocurre en el país. El Gobierno tiene razón cuando dice que hay en marcha una recuperación importante. La gente también tiene razón cuando dice que le va peor cada día, que no hay empleo y que no llega a fin de mes. Ese bache entre lo que va a pasar y lo que pasa hoy tiene que ser llenado por la política. Pero una política de honestidad intelectual y de conducta.
Esa política tiene que encontrar la forma de cubrir ese bache de tiempo. Sin fanatismos ni ideologías. Con decencia y con eficiencia. De lo contrario la paciencia siempre se acaba, más allá de los efectismos, discursos e insultos y acusaciones. La corrupción es el enemigo mayor de todo proceso como el que vive Argentina. Y ahí no es seguro que se esté en el camino correcto. Todo pacto, acuerdo, concesión, amistad o contubernio con quienes saquearon el país es ruinoso. Para el país y para el gobierno. Es lógico que el gobierno pretenda ser exitoso en las próximas elecciones. Pero es ilógico y peligroso que el gobierno crea que lo logrará con el tipo de recursos que mostró en los últimos meses, y en los últimos días.
Para terminar con esta tan manoseada semana, queda por comentar las expresiones de la vicepresidente sobre el presidente de la nación y su cordura. La columna no pone las manos al fuego para defender el estado mental del Presidente, como no las pone por Trump en el mismo rubro. Pero no es adecuado ni prudente que la vice, que había demostrado más equilibrio en todas sus declaraciones y acciones previas, emprenda este tipo de ataques, con prescindencia de si está acertada o no.
Además de todas las consideraciones políticas que se pueden hacer, hay una cuestión de ética. Si el Presidente estuviera sufriendo ese proceso, correspondería que fuera sucedido de inmediato por la vice. Ese sólo hecho impide que la funcionaria realice cualquier comentario al respecto. Esto también tiene que ver con la necesidad de fortalecer las instituciones y la seguridad jurídica. No hacen falta este tipo de transgresiones políticas e institucionales. Con Karina Milei bastaba.