Desde su sanción en 2021, la ley de etiquetado frontal de alimentos generó fuerte polémica entre quienes asumieron la defensa del derecho a la información respecto de la salud y quienes cuestionaron la norma desde la industria alimentaria. La ley obliga a poner grandes octógonos negros en los envases de productos que contengan exceso de sodio, azúcar o grasas.
Ahora, dos diputados oficialistas, Alejandro Bongiovanni (LLA) y Daiana Fernández Molero (PRO), presentaron un proyecto para derogarla. La iniciativa fue girada a tres comisiones de la Cámara baja, lo que complica y eventualmente hace más lento su trámite, pero en el Congreso circula con insistencia la versión de que el Poder Ejecutivo la apoya.
Más aún, el trascendido señala que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario del área y exdiputado por San Luis de origen radical, Alejandro Cacace, están trabajando en un texto alternativo.
En defensa del proyecto, Fernández Molero alegó la necesidad de homogeneizar la legislación argentina con la de sus socios del Mercosur. Los industriales locales que quieren exportar deben usar envases sin los octógonos para vender a Brasil, Uruguay o Paraguay, donde la legislación vigente no los contempla.
Hay también trabas para la publicidad porque la norma exige que se exhiban envases con los octógonos de advertencia y los spots para difundir en la Argentina deben tenerlos.
En 2024 el actual Gobierno introdujo especificaciones al etiquetado frontal mediante una resolución difundida por la Anmat que recibió críticas de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la salud pública.
La información sobre los resultados prácticos de la legislación no es homogénea, ya que según diversas fuentes, el conocimiento de la advertencia que representan los octógonos está muy extendido, pero los hábitos de consumo no cambiaron en consonancia. En particular en relación con el consumo de bebidas analcohólicas entre jóvenes y adolescentes.