Organizaciones de derechos humanos y ambientales pidieron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga ante la represión que afrontan los grupos sociales que despliegan protestas, entre ellas las vinculadas a la minería a cielo abierto.
La presentación fue formulada hoy por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, y el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalista, Enrique Viale, entre otros.
Allí se solicitó al máximo tribunal la creación "de una Oficina de seguimiento de la criminalización y represión de las manifestaciones públicas y de la protesta social".
Además, pidieron que los cite a una audiencia pública para exponer la problemática por la que atraviesan y solicite informes al gobierno nacional y las administraciones provinciales sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
"Las protestas y manifestaciones públicas, en vez de considerarlas tensiones sociales y culturales que deben ser resueltas democráticamente a través de mecanismos participativos específicos, han sido estigmatizadas como actividades delictuales cuya solución la brinda la persecución estatal y, en consecuencia, fueron intensamente reprimidas", señalaron en la presentación.
Como ejemplo citaron los casos de las manifestaciones contra la minería en Catamarca, Tucumán y La Rioja, y otras situaciones en las que intervinieron las fuerzas de seguridad, como el Parque Indoamericano y la comunidad Qom La Primavera, en Formosa.
"La criminalización de la protesta es una política nacional que está siendo profundizada", criticaron.
Así, le pidieron a la Corte Suprema la creación de una oficina que analice los hechos de represión social, ante la cual se puedan presentar denuncias.