El gobierno porteño denunció hoy al ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, por "privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad", por haber ordenado la semana pasada llevar con la Policía Federal al titular de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Juan Pablo Piccardo, a una reunión por paritarias de ese medio de transporte.
Además, el propio funcionario de la Ciudad presentó un "habeas corpus" por entender que existía "una amenaza seria y real de que vuelva a ser conducido por la fuerza pública" a una nueva audiencia que había sido convocada para esta tarde, a las 16.30.
La denuncia penal fue planteada ante el juez federal Julián Ercolini, por la Procuraduría de la Ciudad, mientras que la solicitud de amparo de la libertad ambulatoria fue efectuado por el funcionario ante el juzgado de Instrucción de la Capital a cargo de Fernando Klappenbach.
Ambos planteos fueron efectuados luego de que el miércoles pasado el funcionario macrista fuera conducido con la Policía Federal a una reunión paritaria que se iba a desarrollar en la sede de la cartera laboral de Callao al 100.
Piccardo se negó a ser conducido por los efectivos policiales a la reunión y optó por dirigirse por propia voluntad en su auto particular, desde la sede de Sbase, en Agüero y Rivadavia, hasta Callao y Bartolomé Mitre, poco más de 15 cuadras en las cuales, igualmente, lo escoltaron dos vehículos de la Policía.
En el encuentro de la semana pasada, el titular de la empresa del Estado de la Ciudad Sbase negó que tuviera obligación de participar en la discusión salarial de los empleados del subte y reiteró que es la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la autoridad de aplicación frente a la representación sindical de los trabajadores y Metrovías, concesionaria del servicio.
Piccardo, pese a la negativa del gobierno nacional, insistió con que el convenio sobre el traspaso del subte firmado entre el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, -luego rechazado- no transfirió el contrato de concesión.
Ante la ratificación de la convocatoria para esta tarde, a las 16.30, a una nueva reunión, el gobierno del PRO acudió a la Justicia, con el objetivo de que "solamente sea un juez el que pueda ordenar afectar mi libertad ambulatoria", explicó Piccardo en declaraciones televisivas.
El jefe de Sbase reiteró que "el subte no fue traspasado" y que "la responsabilidad es del Estado Nacional" por ser "cabeza del contrato de conexión", mientras que "las partes que tienen que participar de las discusiones paritarias son los trabajadores reunidos en la Unión Tranviarios Automotor y Metrovías".
Sobre el precio del boleto en el subte, que pasó de 2,50 a 1,10, por decisión de Macri, cuando regía el convenio de enero, Piccardo insistió con que la Ciudad había hecho uso de la "facultad tarifaria transferida", pero que esa potestad fue "devuelta", cuando el convenio fue desactivado de forma unilateral por el jefe de gobierno porteño.
El otro punto que el jefe de Sbase reconoció que era "uno de los puntos" a ser discutido entre las administraciones de la Nación y la Ciudad, que finalmente quedó sin acuerdo.