La noticia de la semana fue el anuncio de la alteración de las bandas cambiarias, que fluctuarán de acuerdo a la inflación. En la Argentina, ya se sabe, todo gira en torno al dólar. Pero el tema que subyace como un telón de fondo en el escenario económico es el de la reforma laboral. El debate, sin dudas, será arduo.
Como siempre, la biblioteca se divide en dos: el ala liberal sostiene que la modificación en el entramado de las leyes laborales será el acicate que necesita el mercado para generar empleo genuino y reducir el porcentaje de trabajo informal, que hoy en día trepa al 37% de la población económicamente activa.
En la vereda de enfrente se paran aquellos que argumentan que talar los convenios colectivos y avanzar en acuerdos de empresa será la primera palada para cavar la fosa de los trabajadores. Hay, también, un tercero grupo. Son los que piden permiso para dudar.
La pregunta en este caso es: ¿qué saben los trabajadores de la reforma laboral? ¿Cuánto conoce de esto el pequeño comerciante, el empresario liliputiense?
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El centro comercial de la calle Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, tiene aproximadamente 5.000 locales de venta de ropa, en un amplio abanico de ofertas. En general comercializan las prendas que se fabrican en los talleres cercanos. El movimiento de dinero es inconmensurable y el pago en efectivo tiene como premio importantes rebajas en los precios. Fluyen las operaciones al margen del control fiscal.
El polo textil de la calle Avellaneda es desde hace mucho tiempo un imán que atrae a compradores y a comerciantes minoristas de todo el país. Colectivos llenos arriban desde los cuatro puntos cardinales. Sus arterias no descansan y, en fechas especiales como Navidad, las veredas bullen como un hormiguero pisoteado.
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- Algo tiene que cambiar. Así no va.
H. tiene un kiosco sobre la avenida Nazca. Está furioso porque esa semana le llegó la notificación del SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio de Trabajo) avisándole que debe pagar $20 millones a un empleado que lo demandó después de un mes de trabajo en negro.
-Yo pago la multa, reconozco que no estuve bien, pero no me pueden obligar a pagar eso por un mes de trabajo.
Dice también que frente a la Justicia está obligado a mentir. El empleado, que trabajó 30 días, lo demandó por un período de 3 años. H. tuvo que negar que lo conocía porque si convalidaba un solo punto del reclamo se daba por aceptado todo el paquete de la demanda. Su abogado lo asesoró en consecuencia.
-Yo podría tener tres kioscos pero esto me saca las ganas de todo. Así que trabajo con el viejo -dice, señalando a un hombre que en ese momento está a su lado, vendiendo cigarrillos-, que es familiar directo.
Hay una particularidad en H. Se pone una mano sobre el pecho, abre los ojos grandes y confiesa que es kirchnerista, peronista. Que ama a Cristina y que añora su regreso; que está a favor de los planes sociales y las políticas públicas; y también que odia a parte de la clase media por "votar a un tipo que habla con un perro muerto. Y me refiero a la persona, no a la política".
-¿Pero la política le gusta?
-No, tampoco. Pero algo hay que hacer con el empleo.
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El sol cae de punta sobre el asfalto. M. descansa, recostado sobre el carrito adonde carga los bultos con ropa que lleva desde el taller hasta el local comercial. Espera a que el semáforo se ponga en rojo. Tiene la frente perlada por el sudor.
Trabaja 6 horas de lunes a viernes y no es un changarín, como aparenta, sino encargado del “área comercial”, como él mismo lo define. Asegura que no gana mal, que le alcanza para vivir, pero prefiere mantener en secreto la cifra. No supera los 25 años de edad. Cuenta que cobra por semana.
-¿Estás en blanco?
Dibuja como respuesta una sonrisa irónica. Dice, sin embargo, que ha escuchado hablar de la reforma laboral.
-¿Nos van hacer trabajar más horas, no? No sé, debería prestarle más atención al tema.
Saluda y se va. El carrito rechina, a los saltos sobre las baldosas acanaladas.
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De acuerdo a un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) el 40% de los asalariados en empresas privadas son informales, de los cuales el 80% está en empresas con menos de 10 trabajadores; el 16% está en empresas con entre 10 y 100 trabajadores; y el 4% restante está en compañías con más de 100 trabajadores.
“Estos datos muestran que en las empresas más grandes la incidencia de la informalidad es marginal. La inmensa mayoría de asalariados informales trabajan en microempresas con menos de 10 trabajadores y una porción menor, aunque significativa, en empresas medianas con hasta 100 trabajadores”, subraya Idesa.
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-¡Vos votaste a este gobierno pero no tenés nada! -le dice una señora de gesto adusto a un vendedor de garrapiñadas-. No tenés sueldo en blanco, no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones. ¡No tenés nada!
El hombre, cabizbajo, revuelve la olla de cobre con la cuchara de madera. El azúcar se cristaliza, se vuelve caramelo sobre los maníes. El ambiente, tenso, no está para preguntas. ¿Cambiará la reforma laboral su precario presente de trabajador informal?
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De acuerdo a los datos elaborados por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en la Argentina la desocupación alcanza al 7,6% de la población económicamente activa, lo que se traduce en un total de 1,1 millón de personas.
Entre el 48,1% de personas activas de más de 14 años, el 69,6% son varones, mientras que para las mujeres dicha tasa se ubicó en 52,1%. Las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (48,9%), Pampeana (48,8%) y Cuyo (48,3%). Por otra parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (43,0%).
El total de ocupados es de 44,5%. El 72,4% de los ocupados son asalariados; de ellos el 37,7% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir, son informales. Dentro de los asalariados informales, el 15,7% realiza aportes propios.
Por otra parte, el 23,7% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, el 3,5% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración.
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-No.
Eso responde R. cuando se le pregunta si sabe algo de la reforma laboral. Atiende un negocio de ropa femenina en una galería de Flores. Está sentada sobre una banqueta. Cabe ella, apenas, y nadie más. Sólo hay espacio para la mercadería, que la rodea y asfixia. La galería tiene un baño en el fondo para uso común de todos los empleados de los puestos. Además, para generar recursos extra, el baño se alquila por $500 a los clientes que llegan temprano desde lugares remotos y se pasan el día haciendo compras.
Como tantos, R. también cobra por semana. También está en negro. Duda de que su situación vaya a cambiar, aunque se apruebe eso que llaman reforma laboral y que ella desconoce.
-Me gustaría tener un trabajo mejor, ganar más plata, algo que me permita irme a vivir sola. Por ahora no se puede.
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El problema del trabajo no registrado, los convenios colectivos que no alcanzan a todos y la epidemia de la industria del juicio impregna hasta el último rincón del país. Esta semana trascendió en los medios el caso de los empresarios Mariana Cademartori y Sebastián Martino, dueños de la marca Naranja Mandarina, ubicada en la ciudad bonaerense de Junín, que fueron demandados laboralmente por cifras millonarias.
Al borde de la quiebra, esta pyme juninense hace 12 años que se dedica a la fabricación y venta de ropa para niños. Tiene tres empleados y actualmente atraviesa una crisis a raíz de un fallo judicial de la justicia bonaerense que obliga a los dueños a pagar la suma de $190 millones e impone un embargo de $330 millones, lo cual supera por lejos su facturación anual.
¿Cuál fue el disparador? Un cliente que les compraba las prendas para luego revenderlas, un revendedor, los demandó considerándose empleado en relación de dependencia. La Justicia falló a su favor.
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El problema laboral es grave y su solución no parece estar en las mejores manos. Una encuesta de la consultora Zentrix marca que el 64% de la población declara tener una imagen negativa de los sindicatos, mientras que sólo el 15,2% expresa una imagen positiva.
¿Y el Congreso? En el Parlamento a lo largo del 2025 se sancionaron 11 leyes, siendo el año con menor producción legislativa de la última década. Según la asociación Directorio Legislativo, de las 11 leyes aprobadas, siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres de esos casos se revirtieron los vetos. No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley.