La pregunta sobre el sentido de la marcha de hoy por Alberto Nisman tuvo distintas respuestas. Los organizadores la definieron como un homenaje; el que la presidenta Cristina Fernández no le hizo rendir. Los kirchneristas, como una manifestación opositora y una de las tantas confabulaciones destituyentes que denuncian de manera habitual sin la menor chance de ser tomados en serio.
Lo más seguro es que su verdadero sentido está en un punto intermedio. Es más que un homenaje, porque el muerto había desafiado a la viuda de Kirchner. Los participantes de la marcha lo reconocen así como un funcionario que cumplió con su deber sin medir el peligro al que se exponía ante a un gobierno que, lejos de administrar de manera neutral el enorme poder del Estado, no duda en usarlo para hostigar a quienes se le oponen.
Pero tampoco la marcha puede ser entendida como estrictamente política. Lo sería si involucrase una confrontación o un desafío a medir fuerzas. Que la dirigencia opositora la aproveche circunstancialmente es otra cosa. No hay tampoco un liderazgo que capitalice la silenciosa protesta.
Por todo esto tal vez resulte más pertinente considerar la marcha como un pedido de justicia desde la calle y las plazas. Y en este último punto reside su gravedad: una importante sector social reclamando en la calle -como en tiempos de gobiernos de fuerza- lo que no confían obtener en los tribunales, porque muchos fiscales han sido enrolados por el poder político; si no que lo diga Justicia Legítima. Y de las fuerzas de seguridad que actúan en su auxilio mejor no hablar.
En este plano el retroceso institucional durante la década kirchnerista ha sido monumental. Más si se tiene presente que cuando la actual presidenta se postuló en 2007 sus muchos promotores la presentaban como la más idónea para poner en marcha una mejora institucional que repararía las “desprolijidades' cometidas por su marido. Algunos de quienes sostenían esa hipótesis hoy militan en la oposición más encarnizada, como el señor Alberto Fernández.
Los Kirchner tuvieron dos etapas nítidamente diferenciadas respecto de las instituciones. La primera entre 2003 y 2005, cuando estaban en la Casa Rosada, pero sólo protegidos por apenas el 22% de los votos. Bajo esas circunstancias instalaron una Corte Suprema de jueces independientes. Pero después del triunfo de 2005 comenzaron la tarea de demoler las instituciones para ponerlas bajo sus órdenes.
Impusieron, en realidad, el uso del poder discrecional que había aplicado en Santa Cruz Néstor Kirchner durante su paso por la gobernación. El estilo prepotente y personalista de los viejos caciques del interior para los que existía una única ley: su voluntad. Un sólo ejemplo baste: en Santa Cruz la Corte Suprema fue presidida por el hoy secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, fundador de la unidad básica `los muchachos peronistas'.