Política

Para Garavano "la imprescriptibilidad de delitos de corrupción" muestra el fracaso del sistema judicial

El ministro de Justicia consideró que "el desafío del sistema de Justicia es que los casos de corrupción llegan rápido a juicio", por lo que concluyó: "Que los tribunales tengan que decir que los hechos no prescriben en el fondo es porque la Justicia no pudo resolverlos a tiempo".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó hoy que el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción "es un reconocimiento del propio sistema de Justicia de su fracaso" ya que "no pudieron resolver los procesos en tiempo y forma".

El ministro consideró que "el desafío del sistema de Justicia es que los casos de corrupción llegan rápido a juicio", por lo que concluyó: "Que los tribunales tengan que decir que los hechos no prescriben en el fondo es porque la Justicia no pudo resolverlos a tiempo".

Para Garavano, hay que tomar "una lección importante" del fallo la Cámara platense que declaró la imprescriptibilidad de delitos de corrupción en un expediente en el que se investigaba al ex juez Julio César Miralles "y es que el sistema hasta hoy no pudo resolver los casos en el tiempo y la forma que tenían que hacerlo". 

"La declaración de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de la Cámara de La Plata es un reconocimiento del propio sistema de Justicia de su fracaso", sentenció el funcionario en declaraciones a radio Mitre.

Garavano también advirtió que "hay varios proyectos en el Congreso" que plantean el tratamiento de este tipo de delitos "y que seguramente se debatan".

Ayer, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los Jueces César Alvarez y Leopoldo Schiffrin y la jueza Olga Angela Calitri, declaró la imprescriptibles los delitos de corrupción previstos en el Código Penal en la investigación contra Miralles.

La diputada nacional Elisa Carrió se presentó como Amicus Curiae y pidió que se declare la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en los que sea parte algún funcionario de alguno de los tres poderes.