Un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería fueron imputados por una presunta defraudación al Pami mediante la facturación de prácticas médicas que no habrían sido realizadas, y ya afrontan otras acusaciones por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.
La nueva imputación fue formalizada por la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Pami (UFI-Pami).
Los acusados son el médico cardiólogo M.G.A. y el licenciado en enfermería M.A.P., quienes habían sido detenidos e imputados en junio pasado en el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.
La nueva pesquisa comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por la UFI-Pami y permitió detectar presuntas irregularidades a través del sistema CUP del organismo. Según la fiscalía, entre octubre de 2023 y octubre de 2024 el cardiólogo declaró haber realizado 36.085 prácticas médicas a 4.982 afiliados, entre ellas ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios de tipo Holter.
Por esas prestaciones, el Pami le abonó un total de 579.943.598,88 pesos. Luego, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el profesional informó otras 14.546 prácticas correspondientes a 2.275 afiliados, por un monto de 147.974.775,68 pesos, que finalmente no fue pagado debido a que el organismo detectó irregularidades.
Como parte de la investigación fueron entrevistados afiliados de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que figuraban como pacientes del médico, pero que negaron haberse atendido con él.
La fiscalía también puso bajo análisis una operación inmobiliaria realizada por los acusados en junio de 2024. Según la hipótesis investigada, ambos habrían adquirido una vivienda mediante una sociedad constituida por ellos que no tendría actividad comercial real y habrían presentado documentación apócrifa ante la escribana para justificar el origen de los fondos.
En la audiencia de formalización, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros estableció un plazo de seis meses para profundizar la investigación, durante el cual se realizarán peritajes sobre teléfonos celulares y computadoras secuestrados durante los procedimientos.
Además, el magistrado dispuso que ambos acusados permanezcan sometidos periódicamente al proceso y les prohibió salir del país, mientras avanza la investigación.
ANTECEDENTES
La causa se suma a otra investigación iniciada en junio, cuando ambos fueron detenidos luego de que se detectara que habrían instalado un consultorio médico sin habilitación en la localidad de Acebal.
Durante los allanamientos realizados en domicilios de Acebal y Wheelwright, los investigadores secuestraron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y elementos destinados a la realización de prácticas médicas.
Por esos hechos, el cardiólogo fue acusado como autor y el enfermero como partícipe necesario del suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos previstos por la terapéutica y con destino ilegítimo. Ambos, a su vez, fueron imputados como coautores por el ejercicio ilegal de la medicina.
La hipótesis de los investigadores es que las prestaciones habrían sido cargadas al sistema como si hubieran sido realizadas, pese a que varios de los afiliados que figuraban como pacientes negaron haber concurrido al consultorio o haber sido atendidos por el profesional. La documentación incorporada al expediente y los registros informáticos serán ahora contrastados con los testimonios y con los dispositivos secuestrados, para determinar el alcance de la maniobra y la eventual participación del enfermero en la facturación de las prácticas.