El gran desafío que enfrentan hoy los países es lograr que las ideologías y la opacidad de los organismos internacionales, no afecten sus soberanías nacionales
El mes pasado publicamos en esta columna el caso de Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En esa oportunidad informamos que Pochak había denunciado al Estado argentino por el “caso Catella” representando al CELS y que luego durante el gobierno de Alberto Fernández fue nombrada en la Subsecretaría de Protección y Relaciones Internacionales. Como funcionaria del gobierno no se excusó. Además, como abogada del Estado, nunca envió a la CIDH las pruebas que había para defender al Estado argentino. El área encargada de protegerlo había quedado bajo la conducción de una funcionaria que anteriormente había actuado en su contra, sin que existiera constancia pública de una excusación o apartamiento formal.
La presentación, radicada el 19 de junio ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, pide investigar a Pochak por posible abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino. Denuncia penal en: https://goo.su/KVLf3aD
Ha pasado casi un mes y medio y la CIDH aún no dio una respuesta formal a la denuncia contra Andrea Pochak. La comisionada sólo respondió en redes sociales, pero todavía no presentó públicamente documentación que esclarezca los cuestionamientos por posibles conflictos de intereses y delitos contra la administración.
María Anne Quiroga, directora de Investigación de Global Center for Human Rights expresó: “Una acusación formulada públicamente durante una audiencia oficial de la CIDH no puede quedar respondida únicamente mediante publicaciones en redes sociales o explicaciones privadas entre comisionados”.
Además agregó:” Se trata de determinar si existió un conflicto de intereses, si se perjudicó la defensa de un Estado y si la CIDH está aplicando a sus propios integrantes los estándares de transparencia e imparcialidad que exige a los países de la región”.
Mientras tanto, por la ONU también rondan denuncias.
En una carta dirigida al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, varias organizaciones de Derechos Humanos y de mujeres de América Latina se hacen eco de la preocupación: “Por la difamación, amenazas y ataques personales que enfrentan cada vez más los expertos de Procedimientos Especiales de la ONU, cuyo trabajo es denunciar las violaciones de derechos humanos y las atrocidades que ocurren en el mundo” y denuncian el proceder de Bibiana Aído, quien desde septiembre de 2025 desempeña el cargo de directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. “quisiéramos referirnos concretamente al ataque que la Relatora Alsalem ha tenido por parte de ONU Mujeres”, expresan los autores de la carta.
Aído distribuyó un informe en el que desacredita la actuación de jordana Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias.
El informe es injusto, falaz e ideologizado. Esto es especialmente grave ya que al ser distribuido oficialmente por la Dirección Regional de ONU Mujeres para América Latina y Caribe se convierte en una posición institucional respaldada por la propia dirección regional.
De este modo, más que ser un simple informe técnico sobre las visitas de Alsalem a Brasil, Colombia y México durante febrero y marzo de 2026, es un ataque a la independencia en el ejercicio del mandato conferido a la experta.
Los firmantes de la carta afirman que además de ataques y falsedades se evidencia “el desplazamiento de la agenda de ONU Mujeres hacia 'la identidad de género' en detrimento de los derechos de las mujeres basados en su sexo”. Agencias, grupos de trabajo, y otros órganos que forman parte de la ONU han sido cooptados por parte de grupos de interés que promueven la legalización de la prostitución, el alquiler de vientres y la agenda de género.
En los tres países visitados por Alsalem, organizaciones que apoyan la agenda pro “identidad de género”, trataron de boicotear los eventos de la Relatora, a través de cartas a gobiernos, jueces y congresistas. También, es especialmente preocupante que el informe distribuido por Aído “enmarque las visitas en un 'movimiento anti género' del cual supuestamente formarían parte coordinada instituciones católicas y evangélicas ultraconservadoras, partidos políticos de extrema derecha y organizaciones transnacionales de defensa jurídica, ocultando el hecho cierto y documentado en los anexos que la Relatora mantuvo encuentros con organizaciones de mujeres, académicas, profesionales y expertas en las materias que son del interés de su relatoría”.
El informe enviado por Aído “desarrolla y da por asumida una agenda que promueve la redefinición de conceptos fundamentales del sistema internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres, diluyendo la distinción entre sexo y género e impulsando interpretaciones como la inclusión de los varones en 'las mujeres en toda su diversidad', la normalización de la prostitución como 'trabajo sexual' o de la llamada gestación subrogada como un supuesto derecho de las familias diversas».
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