Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado volvió a reunirse hoy para analizar los ocho proyectos presentados en la Cámara alta con el propósito de ampliar el número de miembros de la Corte de Suprema de Justicia y establecer un cupo reservado a las mujeres en el tribunal.
La reunión fue de carácter informativo y se limitó a la presentación de constitucionalistas, magistrados y ex magistrados de distinta extracción política. Formaron el panel Ricardo Gil Lavedra, Alberto García Lema, Andrés Gil Domínguez, María E. Cafure de Battistelli, por la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas y Liliana Piccinini, miembro del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro.
Los proyectos en debate proponen la ampliación de cinco a siete, nueve y hasta quince ministros de la Corte y su tratamiento fue promovido por el senador Juan Carlos Romero. El objetivo fue facilitar la búsqueda de consenso para poder completar el tribunal hoy reducido al quorum estricto de tres miembros. La idea detrás de la ampliación consistía en que con un número mayor de cargos disponibles los sectores parlamentarios, en especial la mayoría kirchnerista, accederían a votar los candidatos remitidos por el Ejecutivo.
Sin embargo, el trámite legislativo entró en vía muerta después de que la Corte Suprema rechazó un planteo presentado por Cristina Kirchner con lo que dejó firme la sentencia en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la causa conocida como “vialidad”.
Con Unión por la Patria, el mayor bloque de la Cámara, enfrentado con la Justicia, la posibilidad de un acuerdo para sacar un dictamen resultó casi nula como quedó en evidencia con la actitud del senador Oscar Parrilli quien interpeló directamente al radical Gil Lavedra preguntándole si una serie de jueces y fiscales que intervinieron en el proceso a su jefa política eran “imparciales” o podían dar “apariencia de imparcialidad”. A esos magistrados los señaló como cercanos al expresidente Mauricio Macri a quien visitaban o con quien practicaban deportes en su quinta. Parrilli agregó que a Gil Lavedra “le molestaba la verdad”.
El jurista radical trató de salir del paso aclarando que respetaba las decisiones judiciales, pero que al mismo tiempo consideraba necesaria la aprobación de un código de ética para funcionarios judiciales.
Cuando Parrilli volvía a la carga, la presidenta del plenario, la cordobesa Alejandra Vigo, lo dio por terminado sin más trámite, alegando que debía entregar el salón a los miembros de otra comisión ya presentes para utilizarlo. No hubo anuncio de nueva convocatoria al plenario. Parrilli había dinamitado la presente como el presidente de su bloque, José Mayans había hecho con la anterior en el que planteó el juicio político a la Corte.
En cuanto al aporte de los especialistas, la ex jueza del Tribunal Supremo de Córdoba Maria Esther Cafure de Battistelli, recomendó que se aplique el criterio de paridad y no de cupo, mientras Andrés Gil Domínguez opinó que la cuestión del número de jueces de la Corte debía estar incluida en un proyecto más amplio que contuviese aspectos jurisdiccionales y de superintendencia que competan al tribunal. En cuanto a la presencia de mujeres aclaró que la cuestión debía contemplar no la diversidad de “género”, sino de “géneros”.
A su turno Ricardo Gil Lavedra se mostró partidario de no modificar el número actual de cinco jueces, agregándole la perspectiva de género y federal. Aseguró que cambiar el número sería inconveniente debido a la crisis de confianza en la justicia de la población.
El ex convencional constituyente y ex conjuez de la Corte, Alberto García Lema, por su parte, consideró que un número excesivo de ministros del alto tribunal resentiría el servicio de justicia y se mostró contrario a su división en salas.
Por último, la jueza Liliana Piccinini sostuvo que, si bien no prescribía un cupo femenino, una Corte de siete o nueve integrantes alcanzaría para garantizar su integración con perspectiva de género y federal.