Como esos avisos publicitarios que prometen milagros y luego desilusionan a pesar de tener buenos efectos, el Gobierno tiene el hábito de anunciar compulsivamente grandes medidas que luego, al implementarse, no se concretan sino parcial o limitadamente, o tienen escaso impacto. Un error de comunicación política o acaso de autopercepción. El reciente permiso para usar los dólares no declarados (para ser prudentes en la calificación) se encuadra en esa misma línea, con los mismos efectos.
Habrá que aclarar que todas las razones y argumentos expresados por el Gobierno son valederos, ciertos, y están en línea con las quejas que hace varios años vienen desgajando los ciudadanos y todos los expertos de todos los signos. Pero no se reflejan en este paquete de medidas, que podría considerarse un pasito más en el proceso de abolición de la esclavitud financiera a que se ha sometido a la sociedad, y también un patchwork, un cubrecama hecho con trozos de telas diversas que también se suele denominar “plan invariable" pero que ha venido variando a medida que se fueron encontrando dificultades de diversos tipos, con causas y responsables diversos.
Es cierto que se anuncia el envío de un paquete de proyectos de ley al Congreso para ampliar los alcances del decreto, pero habrá que ver la suerte que corren esas leyes, además de otras dificultades de tipo institucional y de orden internacional. Argentina, como casi todos los países, es víctima de la imposición de una serie de prácticas antilavado a las que se vio obligada a adherirse, so pena de quedar excluida del sistema financiero internacional.
Esas disposiciones en teoría estaban originalmente orientadas al lavado de activos provenientes de la trata de personas y al tráfico de armas, luego se agregó el tráfico de drogas y culminó a raíz del trágico episodio de las torres gemelas con el agregado de la lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas nucleares. (Recurso que no parece haber tenido demasiado efecto).
Se fueron agregando una serie de medidas que se obligan a aplicar a cada país, que van creciendo año a año en requisitos, prohibiciones y órdenes que han convertido a los bancos, escribanos, contadores y abogados en auditores y delatores de sus clientes. Un sistema kafkiano que considera cualquier dinero en cualquier moneda o bienes que tenga una persona como proveniente de un delito -sin decir cual- salvo que el acusado pruebe lo contrario. Quienes no hayan leído El Proceso de Kafka no entenderán la calificación de kafkiano que usa aquí la columna. Quienes hayan leído cualquier tratado de Derecho de cualquier país, tampoco.
Abonando las razones oficiales, ese continuo e implacable avance de las grandes potencias a través del GAFI, el grupo de control que ellas crearan, inspecciona periódicamente a cada país y “da una vuelta más de tuerca” cada vez. Así, las organizaciones financieras y relacionadas se vieron obligadas a crear un departamento de Compliance que tiene poder de veto sobre todas las acciones de esas empresas.
El sistema, que originalmente obligaba a probar un delito previo que justificase el lavado, incluyó en pasos siguientes la evasión impositiva como delito, y luego, en un nuevo paso, eliminó la necesidad de demostrar el delito previo, con lo que en la actualidad, todo dinero que se posea es considerado proveniente de un delito desconocido, aun cuando exceda los plazos de prescripción y los que obligan a mantener la documentación de las operaciones sólo por 5 o 10 años, según el país y ha terminado ensañándose con operaciones de cifras menores que no se condicen con ninguno de los delitos en cuestión.
Finalmente, para medir el grado de compromiso y eficacia de cada sistema local, se toma en cuenta la cantidad de denuncias que hacen los obligados a la UIF local, y esa cifra se tiene en cuenta para determinar si un país cumple con esas normas impuestas. El incumplimiento puede implicar que se condena al país a ser un paria financiero internacional.
Localmente se terminó usando el sistema también para obligar al cumplimiento fiscal, con lo que cualquier ápice de derecho desapareció y se creó una maraña de reglas, obligaciones, exigencias, requisitos y sanciones orwellianes o macartistas.
De modo que el Presidente tiene razón y razones para abogar por el derecho de los ciudadanos a usar sus dólares (también los pesos, es de suponer), sin una persecución obsesiva e invasiva. Hasta ahí el marco de referencia.
En la práctica, eso significa que una parte de las normas no pueden dejar de cumplirse por medio de un decreto ni por ley alguna. Esa es una de las razones por las que el decreto anunciado el lunes puede tener limitados efectos y además ofrece dudas en cuanto su implementación. Luego de este introito, seguramente aburrido, se puede analizar mejor su contenido y significado.
El decreto 353/2025 es más bien la expresión de intenciones y lineamientos generales que una pieza normativa. Establece que el Banco Central determinará las normas para cumplir con los requisitos cambiarios, de cumplimiento de la antilavado y sus propias normas de control. De modo que hay que esperar otro proceso para que ese capítulo resulte operativo. Lo único que queda claro es que las instituciones bancarias no podrán requerir de sus clientes la presentación de declaraciones juradas impositivas para abrir sus cuentas.
ARCA respondió la orden presidencial de inmediato, con varias resoluciones, algunas publicadas y otras anunciadas. Por ellas, se elevan considerablemente los límites a partir de los cuales los bancos, tarjetas, escribanos, supermercados y otros obligados deben informarle de operaciones de sus clientes. Nada se dice sobre la obligación de los bancos y escribanos de denunciar a la UIF ciertos casos.
También se elimina la obligatoriedad de presentar un estado de la situación patrimonial del contribuyente ante el organismo de recaudación y se crea un sistema por el cual ARCA preparará una liquidación de los impuestos de cada individuo según los datos que obran en su sistema. Un mecanismo algo confuso y de complicada –y dudosa– aplicación.
No existe condonación alguna de deudas o sanciones por cualquier evasión pasada, lo que significa que lo que se está facilitando es simplemente no informar de las transacciones hasta un cierto monto al órgano de control. Casi un mecanismo de evasión tolerada.
Desde el punto de vista de quien gaste los famosos ahorros en el colchón es probable que por una orden no escrita del gobierno, la ARCA cierre los ojos ante cualquier operación por debajo del límite del monto que ahora no requiere informarse, por supuesto mientras LLA siga en el poder, pero sin más garantía ni seguridad que esa suerte de complicidad informal.
En lo que hace a la prevención del lavado, el decreto le pide a la UIF que “haga los cambios que considere conveniente” para adecuar su normativa a las nuevas reglas, pero habrá que ver si ello ocurre, porque el mandamás de la UIF es indirectamente el GAFI, que no es exactamente flexible, y porque se requiere de una ley para cambiar algunos requisitos. Con lo que los responsables de informar se enfrentan a la posibilidad de ser acusados de incumplimiento de sus obligaciones y ser considerados delincuentes de acuerdo a las leyes de lavado.
Un caso aparte presentan las filiales de los bancos extranjeros -que en los temas de compliance se rigen por las reglas de su empresa- que no harán nada que sea menos que lo que dicen sus manuales.
Se recordará que en todos los blanqueos, y el reciente decreto también lo deja claro, se explicita que el delito de lavado no está incluido entre las garantías que se otorgan por la exteriorización de fondos no declarados.
Uno de los puntos más importantes, el de la posibilidad de utilizar dólares para adquirir bienes, no tiene aún una reglamentación, y habrá que ver si los comerciantes aceptan poner los precios en divisas a sus productos, o si aceptan convertir sus precios a dólares a un tipo de cambio diferente cada día. Por la complejidad de su aplicación, la norma parece aplicable sólo a automóviles o grandes electrodomésticos o propiedades. En todos los casos los precios del bien deberían ser publicados en dos monedas por el vendedor.
Algo similar ocurre con los pagos en dólares con tarjeta, que además tiene el riesgo adicional de que ante una situación de crisis, los dólares pueden ser pagados con pesos a la cotización oficial, según determina el Código Civil. Se recordará que ese cuerpo legal permite el pago en otras monedas, para agregar inmediatamente que una obligación en moneda extranjera puede ser sustituida por el deudor por pesos al valor oficial. También la percepción del comprador juega un papel importante.
Algo similar sucede con los préstamos bancarios. No será fácil convencer a un tomador de que se endeude en dólares. 80 años de experiencia dicen que es una mala idea. No se visualizan largas colas solicitando un crédito en moneda extranjera. En este aspecto como en el del consumo, no hay que descartar o menospreciar el efecto de la acción humana, que casi nunca coincide con lo que el estado ordena, prefiere o necesita.
Si el que se ha llamado “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos” fuera aplicable y aplicado en su totalidad, su éxito dependería de las decisiones de los compradores y vendedores, como siempre. A menos que se imponga por el autoritarismo, como tan bien describiera Hayek.
Aun ese nombre es no solo pomposo sino engañador. Hace menos de tres semanas los funcionarios anunciaban que se formularía un plan para hacer crecer la economía sin emitir pesos, y que se instrumentaría un plan que sorprendería a los argentinos. Con lo que el título elegido es una acción de marketing, más que ninguna otra cosa. Y a esta altura habría que recordar que si el proyecto tuviera un éxito masivo y los dólares del colchón se volcaran a la economía, como dice el propio gobierno, eso se traduciría en una presión sobre los precios por aumento de demanda, complicada de digerir hoy para todos.
Como todo el resto de la economía, el éxito de este plan -que recuerda la rara frase de Kristalina Georgieva sobre los ahorros ocultos de los argentinos - depende de lo que crean y hagan los individuos, que en este caso no se pueden dar el lujo de equivocarse. La confianza, en ese proceso, es esencial.
Como muchos de los anuncios declamatorios del gobierno, que luego se diluyeron o redujeron en importancia al tratar de instrumentarse hasta volverse una desilusión, este plan es apenas un paso, que requiere de muchos otros, que si no se hubiese vendido previamente con tanta fanfarria sería una buena señal, que se opaca ante la discursiva previa y suena a poco. O como versificara Samaniego sobre El parto de los montes, aquella fábula de Esopo:
Con grandes ecos y sonidos
Los montes daban alaridos,
Anunciando con tremendo estruendo
Un parto que iría sorprendiendo.
Más tras grande y ruinoso anuncio,
¿Qué prodigio al fin dio aquel tumulto?
Un ratoncillo fue lo que parieron.
No creas en promesas rimbombantes,
Que suelen ser las más decepcionantes.
Eso. Apenas un ratoncillo.