La Cámara de Senadores aprobó por 46 votos a favor y 22 en contra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados. Los cambios introducidos están vinculados con los mecanismos de designación y remoción de los miembros del directorio de la entidad y fueron sancionados con una mayoría superior a los dos tercios.
En ese plano se eliminó la participación de la Cámara de Diputados en los nombramientos, facultad que permanece como competencia exclusiva del Senado. También se suprimió la mayoría de dos tercios para destituir a los directores que había sido introducida en la sanción de la Cámara Baja.
Tanto la designación como la remoción serán por mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno de los integrantes de la cámara.
En sus puntos decisivos, la norma establece como único objetivo de la entidad la preservación del valor de la moneda en sentido contrario al de la carta orgánica redactada por el kirchnerismo y que extendió la responsabilidad de la entidad al desarrollo económico y la justicia social.
Para cumplir ese mandato, la norma prohíbe en forma expresa el financiamiento del déficit fiscal del Estado mediante transferencias de la entidad monetaria al Tesoro. La reforma fue diseñada en ese sentido como una herramienta institucional para blindar el programa macroeconómico actual de eliminación del déficit fiscal y de la inflación.
Con idéntica finalidad restringe la transferencia de ganancias contables al Tesoro y la posibilidad de que el gobierno sustraiga la reservas en dólares del Banco Central y las reemplace por letras intransferibles como hizo el kirchnerismo con las Leliqs.
Como miembro informante del oficialismo, el libertario Agustín Monteverde no sólo fundamentó la iniciativa, sino que hizo una descripción de las consecuencias inflacionaria de la política monetaria kirchnerista en sus últimos 20 años (2013-2023) que calificó de “saqueo institucional”. En esas dos décadas, estimó que tuvo un costo para el país el 85% de PBI y una pérdida de reservas de 116 mil millones de dólares, lo que consideró un “vaciamiento organizado” mediante la emisión de Leliqs.
“En esos 20 años, explicó, la emisión exógena de pesos para financiar al Tesoro costeó la fiesta de la corporación política. Transformaban el ahorro de los argentinos en plata para los políticos. Fue una catástrofe”.
Agregó que “la Inflación acumulada en esos años superó el 50.000%” y consideró lo ocurrido como la “confiscación oculta de fondos de los ciudadanos más grande de la historia”, agregando que “ese impuesto inflacionario no fue comunicado de antemano al público, ni se votó en el Congreso. Fue una traición de la política al ciudadano”.
En nombre del peronismo, el chaqueño Jorge Capitanich rechazó la iniciativa y cuestionó la política económica aportando estadísticas sorprendentes. Afirmó -por ejemplo- que durante el mandato de Javier Milei la inflación había sido del 326% y la ampliación de la base monetaria superior al 400%. Otros justicialistas como el catamarqueño Guillermo Andrada aprobaron la iniciativa con disidencias en particular. En sentido contrario, la peronista catamarqueña K Lucía Corpacci rechazó el proyecto en su totalidad.