Un amplio operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes culminó con 84 personas detenidas y 270 allanamientos en distintos puntos de Argentina y en otros 15 países. La investigación fue coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la iniciativa “Aliados por la Infancia VI”, que volvió a poner en foco la dimensión transnacional de este tipo de delitos.
Del total de procedimientos, 68 se realizaron en territorio argentino, con intervenciones en la Ciudad de Buenos Aires y en 17 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán. El resto de los allanamientos se desplegó en Brasil, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia.
Como resultado, fueron arrestados 84 sospechosos acusados de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. De ese total, 26 detenciones se concretaron en Argentina y 58 en el exterior, según confirmaron fuentes judiciales.
La investigación se originó a partir de las actuaciones impulsadas por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. Bajo su dirección, el CIJ utilizó herramientas tecnológicas específicas para detectar usuarios que compartían este tipo de material en redes P2P, entre ellas los sistemas ICACCOPS y CPS, además de reportes internacionales remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
A partir de ese trabajo, la Unidad de Cibercrimen logró identificar múltiples domicilios vinculados a la actividad investigada. Solo en la Ciudad de Buenos Aires se detectaron 15 objetivos, mientras que otras jurisdicciones como Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones también concentraron varios puntos de interés. Esa información fue luego remitida a las autoridades locales, que avanzaron con tareas de verificación y los allanamientos correspondientes.
El fiscal general del Ministerio Público Fiscal porteño, Martín López Zavaleta, destacó la magnitud del operativo y subrayó la importancia de la coordinación internacional. “Estamos muy conformes con los resultados. Este tipo de acciones requieren un enorme esfuerzo logístico, sobre todo cuando se realizan en simultáneo en distintos países”, sostuvo. Además, remarcó que el objetivo es desarticular redes completas, secuestrar los dispositivos utilizados y determinar si los involucrados participaron también en abusos directos.
En la misma línea, Dupuy explicó que la investigación continuará con el análisis del material secuestrado durante los procedimientos. “Lo que sigue ahora es el estudio de los dispositivos informáticos. A partir de eso se definirá si los casos avanzan a juicio o si se resuelven mediante vías alternativas como juicios abreviados”, indicó. La fiscal insistió en la necesidad de actuar con rapidez y eficacia para garantizar resultados concretos.
Por su parte, la secretaria general del CIJ, Bárbara Moramarco, puso el acento en la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar delitos de estas características. “La intervención del Ministerio Público Fiscal evidencia que el trabajo conjunto entre países es indispensable para abordar modalidades delictivas que no reconocen fronteras”, señaló.
La operación “Aliados por la Infancia” surgió del trabajo articulado entre la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y el Ministerio Público Fiscal porteño. A partir de ese vínculo, Argentina accedió a sistemas avanzados de detección que permiten identificar en tiempo real a usuarios que distribuyen material de abuso sexual infantil en internet.