La Cámara de Senadores aprobó por 60 votos a favor y 2 en contra y remitió a la de Diputados el proyecto denominado por su sigla RIIR, Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes. Votaron en contra los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
Acto seguido, el cuerpo comenzó a debatir una iniciativa que habilita la participación de empresas argentinas en el mercado de carbono. Para la madrugada se esperaba que abordase la reforma de la Ley de Salud Mental.
El RIIR dispone el otorgamiento de beneficios respecto del impuesto a las ganancias y del IVA para captar inversiones a partir de los 12 millones de dólares y complementa el régimen de inversiones para las medianas empresas denominado RIMI.
Su objetivo central consiste en el desarrollo, entre otras, de industrias proveedoras de las grandes emprendimientos mineros, asegurándoles estabilidad fiscal por 30 años.
La norma otorga la amortización acelerada del impuesto a las ganancias -en dos cuotas- para inversiones en la adquisición de bienes de capital nuevos, así como en equipamiento e infraestructura.
Por su parte, la devolución acelerada del IVA es en tres meses e incompatible con beneficios similares otorgados a través del régimen RIGI de grandes inversiones.
Las ventajas impositivas se otorgarán exclusivamente a proyectos nuevos presentados hasta dos años después de la entrada en vigencia de la ley.
El promotor del proyecto, el radical Eduardo Vischi, explicó que las vicisitudes de su macroeconomía hicieron muy difícil invertir en Argentina por lo que la norma en debate proponía el establecimiento de reglas de juego “claras y estables”.
“Falta este eslabón que fomente las inversiones para el desarrollo económico genuino, para desarrollar industrias proveedoras de las grandes inversiones del RIGI y para crear empleo y combatir la recesión”, añadió.
Entre otras actividades, la norma apunta también al despliegue de empresas industriales, innovadoras y productoras de bienes estratégicos, como por ejemplo, riego agrícola, mallas antigranizo, buques y embarcaciones pesqueras, industria forestal, etcétera.
Vischi enfatizó que la iniciativa no puede ser aplicada a la especulación financiera y el límite mínimo es de 12 millones de dólares.
En tanto, el peronista Jorge Capitanich cuestionó que el proyecto fuera uno más de los varios regímenes de fomento de la inversión (RIGI, RIMI, Súper RIGI) que se multiplicaban como “parches”.
Reclamó similares ventajas para empresas que ya están en funcionamiento y se quejó de que muchas de ellas están siendo llevadas a la quiebra por, entre otras políticas oficiales, por un “tipo de cambio atrasado”.
Finalizada la votación, la Cámara comenzó el debate del proyecto denominado Mercado Voluntario de Carbono, un sistema que habilita a empresas y particulares a comprar y vender créditos de carbono, es decir, valores que pueden ser utilizados para financiar proyectos anticontaminantes como los de forestación y de energías limpias. Estos últimos reciben créditos que pueden vender a empresas con actividades contaminantes y funcionan a manera de resarcimiento por el daño ambiental.