¿Alguien escuchó hablar de salud a un político argentino? Más allá de las buenas intenciones y alguna idea de vouchers y la intermediación parasitaria, la salud de los argentinos parece “marchar sobre ruedas”. ¿Alguien tiró una idea concreta, factible? ¿Alguien hizo proyecciones de muertes, enfermedades de trasmisión sexual, de drogadicción y alcoholismo? ¿Qué hacer? Aunque a usted le den un turno de consulta el día del arquero, aunque falten suministros esenciales, los costos estén por las nubes y la tecnología de punta esté cada vez más lejana, todo parece que está excelente ya que el debate central entre los candidatos a vicepresidente fue sobre si hubo 30.000 u 8.000 víctimas del terrorismo de Estado y cuántos muertos dejó la subversión, y quién cobró indemnizaciones, etcétera. Sin embargo, nada se ha dicho de los miles de muertos que habrá en 2024 a causa de la violencia, las adicciones, las enfermedades venéreas, la diabetes, la hipertensión, el cáncer y demás enfermedades tratables o prevenibles. Nadie habló de la salud del 50% de los niños argentinos que viven bajo la línea de pobreza y cuya mala nutrición será la base del empauperimiento intelectual y económico del país… pero al parecer es más importante echarse culpas de una guerra civil acontecida hace 50 años. Quizás en el debate presidencial hablen de la muerte de Mariano Moreno o si Damasita Boedo mató a Lavalle pero seguramente nadie hablará del fiscal Nisman.
Entiéndase bien, no digo que no se debata el tema de la violencia de los 70, que yo mismo he tocado en otras oportunidades, pero no podemos conducir mirando por el espejo retrovisor. Los médicos no quieren atender por la miseria que se les paga, a las prepagas no les dejan actualizar sus valores cuando la inflación excede el 10%. Faltan insumos médicos y no hay plata para pagarlos (a los importadores se les debe 20 mil millones de dólares y las casa centrales ya no aceptan más atrasos en los pagos). En dos palabras estamos con Zimbabwe.
Nadie está contento con el sistema, ni los pacientes, ni los intermediarios, ni los efectores. Quizás los únicos satisfechos sean los sindicalistas, pero, al parecer, ni a ellos les cierran los números, ya que el año pasado recibieron 3.500 millones de dólares en subsidios (en un país donde no sé si existe esa cifra en el Banco Central). Pero seguimos discutiendo sobre las bombas de montoneros y las cárceles de la ESMA.
Nadie parece haberse dado cuenta que en un país con el 40% de pobres, con un déficit de varios puntos de PBI (ya nadie está seguro de cuántos), no podemos seguir teniendo ambiciones sanitarias de un país europeo. Y ¡ojo!, en Europa también hay crisis sanitaria. Los médicos españoles hace 20 años que no actualizan sus valores y si en Inglaterra pide un turno para operarse de cataratas, debe esperar al menos un año. Los hospitales en Alemania, después de la diáspora siria, ya no son lo que solían ser.
El problema esencialmente radica en que se promete más, mucho más, de lo que se puede cumplir y se gasta sin control administrativo. La medicina tiende a ser exclusiva y cada día más cara con procedimientos diagnósticos más sofisticados y terapéuticas quirúrgicas y medicamentosas extremadamente onerosos pero no siempre se muestra evidencia de sus ventajas y resultados.
El sistema es tan complicado, difícil y hay tantos intereses en juego que parece uno de esos juegos de mesa, tipo Jenga, donde quitar una pieza puede hacer que todo el sistema se venga abajo.
Entonces, nadie quiere cambiar nada y lo único que logramos es que todo sea para peor, sobre todo porque la salud, al igual que la jubilación, está basada en un sistema piramidal, y cada día necesitamos una base más amplia para sostener a más personas en el vértice.
En otras palabras, cada día hay menos jóvenes, sanos y trabajadores para sostener a más viejos, enfermos y jubilados (no es necesariamente así, pero es ilustrativo). Es una regla de la vida, pero ésta se ha distorsionado y la pirámide se ha convertido en un cubo. A pesar de que todos son conscientes de este cambio, seguimos tratando de hacer políticas piramidales en un mundo trapezoidal. Es decir, que aplicamos las mismas soluciones que ya no funcionan. Casi como la definición de estupidez de Einstein.
Argentina copió el concepto de estado de bienestar europeo, donde la salud está garantizada por el poder público. Parece perogrullesco, pero no todo el mundo comparte esta idea. En Estados Unidos no es así y menos es útil este concepto cuando un Estado no cumple con sus otras funciones básicas como la seguridad, una justicia eficiente, integridad nacional y fortaleza de la moneda.
Últimamente, la sociedad se debate en el intento de los médicos de cobrar una suma extra a la que pagan las Obras Sociales o prepagas sencillamente porque no alcanza. La consulta media está alrededor de los 3.000 pesos (unos 4 dólares cuando en los países vecinos está a 25 dólares). Los costos de un consultorio, alquiler, secretaria, expensas, impuestos, seguros médicos y cuotas societarias (educación, formación académica, etc.) rondan esa cifra… y eso sin mencionar los impuestos a las ganancias, el ahorro y la amortización de equipamientos (y mantener una decorosa forma de vida).
Ya no hablamos de “honorario digno” ni de “valor ético de consulta”, hablamos de costo, plata que entra, plata que sale. De allí que cuando un grupo pierde ante la prepotencia, la inoperancia o el abuso de posición dominante debemos pedir la intervención de un mediador para evitar este desbalance. Podrá ser la justicia –usualmente lenta o inoperante– o el Estado en su rol de mediador cuya función olvida frecuentemente en beneficio de un grupo de poder o con fines prebendarios (Estado ausente).
Las actuales circunstancias se engloban en el marco de la teoría de la imprevisión, los profesionales de la salud son ajenos al desequilibrio económico entre las prestaciones pactadas y los costos reales haciendo más gravoso o imposible el cumplimiento del contrato.
En las actuales condiciones, las normas vigentes pierden valor ante una inflación que técnicamente es considerada contablemente como hiperinflación y que, en breve, a esta velocidad de emisión, será realmente hiperinflacionaria. En esta circunstancia todo pacto preexistente pierde su validez.
Curiosamente, los médicos que sirven para la atención masiva de las obras sociales sindicales son los más desprotegidos en su forma de reclamos. De allí que en los próximos meses este conflicto solo tenderá a empeorarse con grave peligro de falta de atención por escases de insumos y falta de colaboración de los profesionales. Por estas razones es importante proponer un nuevo marco contractual que contemple la actualización de todos los valores –muchos de ellos desvirtuados por falta de insumos o aumentos estrafalarios de los mismos–. Este nuevo marco deberá discutirse en forma colectiva por instituciones que los miembros de las sociedades médicas elijan como representante, a fin de evitar el abuso de posición dominante e intimidación.
En el nuevo valor fijado, se considerarán mecanismos de actualización con comités de expertos para discutir cuáles son procesos indexados y cuáles deberán reconsiderar su valor, dadas las nuevas condiciones de pago.
Por lo dicho, consideramos que se imponga un nuevo sistema donde:
1- El paciente se haga cargo de una parte del valor de consulta (como en Uruguay) cuyo canon es del 10%. ¡Ojo! El copago actúa como un moderador del sistema, porque el paciente limita los estudios y prestaciones superfluas.
2- Que se fije una consulta mínima vital y móvil, porque también debe entenderse que la salud da trabajo a decenas de miles de personas, tanto directa como indirectamente (en junio del 2019 eran casi 2000.000 empleados), pero a esto hay que agregarle la industria farmacéutica y empresas de servicios o importadores.
El aumento de la consulta va en gran parte a trabajadores
3- Dada la emergencia y la condición de servicio esencial, es imprescindible una reconsideración general de impuestos. El país no funciona sin salud y esta es la mejor inversión para tener un pueblo sano.
4- Establecer una cooperación más amplia entre el sector privado y el público, especialmente en estudios que podrán descontarse de impuestos o pago referencial.
5- Se debe evolucionar hacia un sistema de libre elección de prestadores. Todo profesional que haya completado su formación, acreditados por organismos académicos público-privado. La concepción de cartillas es discriminatoria e impide el estímulo de las nuevas generaciones.
6- Debemos avanzar hacia la certificación y recertificación de cirujanos. No todos los médicos pueden operar, al igual que no todas las personas están en condiciones de conducir un automóvil.
7- Rejerarquizar a los profesionales, aumentando sus valores de consulta de acuerdo a su nivel académico –profesor, autor de libros, etc.–.
8- Que se creen sistemas de ahorro de salud como en Chile, o a prestaciones que no cubren el Programa Médico Obligatorio (PMO).
9- Redefinición del PMO. El país no es el mismo y las prestaciones no deben ser las mismas ni idénticas coberturas. Un país endeudado y quebrado no puede alegremente presentar proyectos de cobertura que después quitan importancia a procedimientos de más jerarquía y factibilidad.
10- Inmediato censo de salud juvenil. Detección de enfermedades venéreas y adicciones. También se valorará la reubicación social de casos de rehabilitación, etcétera. Este punto es esencial, hemos perdido generaciones por estos flagelos.
11- Lo más importante: disminución de intermediación parasitaria, control del gasto administrativo, regulación de prestaciones, especialmente en la salud que se han convertido en un agujero negro de la economía.
Por favor señores políticos y dirigentes miren hacia el porvenir y resuelvan los problemas del presente sin ese espíritu revanchista que llamamos elípticamente grieta.