Señor director:
A al día de hoy han muerto en prisión 931 argentinos, militares, gendarmes, policías y civiles. No estaban en prisión por delitos comunes: estaban, y allí han muerto, por cumplir órdenes, por combatir a la subversión cuando el país se lo pidió. Murieron solos, enfermos, olvidados, como si su entrega no hubiera valido nada.
No es genocidio, llamar así a sus muertes sería banalizar una palabra dolorosa, pero han muerto por una mentira impuesta como verdad, sostenida por pistoleros devenidos en próceres de papel, protegidos por un régimen jurídico venal. Los mismos que mandaron al muere a miles, y hoy cobran indemnizaciones por una historia amañada.
Lo que ocurre en la Argentina no es justicia: es una venganza vil, organizada por gobiernos pasados, legitimada por una justicia corrupta y consentida por el silencio del gobierno actual. Esperaron que sus enemigos envejecieran, que fueran abandonados, que las leyes se torcieran hasta hacerle creer al pueblo que todo esto es legal.
Han sido ejecutados sin juicio justo, sin defensa, sin compasión. Mañana serán más, por desatención o por abandono médico. Sus verdugos tienen nombre y cargo: jueces que, en su función, han hecho de la prevaricación un dogma y luego se convierten en sicarios negando prisiones domiciliarias y mirando de lejos como sus condenados agonizan.
Un payaso que integra la Corte Suprema, definió estas crueles ejecuciones tardías como “política de Estado”: una política que pisotea la Constitución y avergüenza a la república.
Ellos son los presos políticos de la Argentina. Presos del odio y del oportunismo. Pero también, y eso nadie podrá borrarlo, los hombres que derrotaron a la subversión marxista. Y su muerte, por más que quieran disfrazarla, es una derrota moral para toda la Nación.
José Luis Milia
josemilia_686@hotmail.com