La Cámara de Diputados aprobó hoy con una abrumadora mayoría la nueva ley sobre protección social de la Discapacidad, en el marco de negociaciones que permitieron sumar al peronismo a un acuerdo con La Libertad Avanza y bloques dialoguistas.
De esta manera, se alcanzó la media sanción con 237 votos positivos, 9 negativos y cuatro abstenciones, y la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.
El dictamen de mayoría, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.
El miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y aseguró que “la discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas”.
“Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”, apuntó.
Según dijo, “la discusión debería centrarse en cómo construir un sistema transparente y accesible, con controles y con los derechos garantizados para quienes corresponda”.
“Ha llegado el momento de dejar de administrar esa deuda con las personas con discapacidad y empezar a construir soluciones permanentes. Estamos trabajando para dejar un sistema más ordenado, con reglas claras y mayor previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores”, señaló.
A su turno, Juan Marino confirmó que Unión por la Patria aceptaba adherir al proyecto que el oficialismo había cerrado con Herrera Ahuad, ya que no estaban los votos para pelear por la prórroga de la emergencia y mal que mal, el dictamen de mayoría daba respuesta a la gran mayoría de las demandas de las organizaciones de y para personas con discapacidad.
“Hoy nos levantamos y empezamos a conversar entre diputados y diputadas. Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia. Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones”, relató el diputado opositor acerca del giro brusco en la postura de Unión por la Patria.
Una de las mejoras incorporadas al proyecto que Marino puso en valor es el plazo de 160 días para que aquellas personas con pensiones por discapacidad que en una auditoría sean observadas por inconsistencias en alguno de los requisitos puedan realizar su descargo antes de que se les suspenda el beneficio.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) destacó que se logró que en el dictamen de mayoría se garantice la cobertura médica del Incluir Salud no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral.
Otro cambio que marcó como positivo fue la compatibilidad entre la titularidad de pensiones por discapacidad y el goce de asignaciones familiares.