La Justicia profundizó la investigación sobre María Soledad Calle, la sindicalista que compró el departamento ubicado debajo de la vivienda de Cristina Kirchner en San José 1111, al disponer el levantamiento de su secreto fiscal y bancario y ordenar una batería de medidas destinadas a reconstruir su patrimonio y movimientos financieros.
La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini, quien solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Anses, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano, entre otros organismos. Las medidas también alcanzan al dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán y a integrantes de la firma USEM SA.
A la ARCA, el magistrado le requirió las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Calle y Furlán correspondientes al período 2022-2025. A la Anses, en tanto, le pidió información sobre empleadores, altas y bajas laborales y remuneraciones.
Ercolini también solicitó a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales los estados contables presentados por la UOM durante los últimos cinco ejercicios.
Entre las medidas patrimoniales, ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble porteño un informe completo sobre la unidad funcional del primer piso de San José 1111 atribuida a Calle. También busca determinar la titularidad de un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive, además de establecer si Calle o Furlán poseen embarcaciones.
Bajo la lupa, el vínculo entre la UOM y USEM
Uno de los ejes centrales de la causa es el contrato firmado entre la UOM y USEM SA, compañía fundada en 2022 por Calle y Raúl Braconi. La sindicalista fue designada directora suplente de la sociedad.
La empresa suscribió en febrero de 2023 un convenio con el gremio para gestionar la apertura y administración de cuentas corrientes de sus 54 seccionales y del Secretariado Nacional. Como contraprestación, recibiría honorarios mensuales equivalentes al 0,5% de los fondos ingresados en la cuenta fiduciaria.
El acuerdo comenzó a regir el 1° de marzo de 2023 y fue establecido por diez años, hasta febrero de 2033. USEM había sido creada apenas dos meses antes de la firma del convenio.
La documentación incorporada al expediente incluye rendiciones con movimientos millonarios. Entre los conceptos figuran hasta $50 millones destinados a “caja chica”, $22 millones por un “Congreso MDP”, $4 millones correspondientes a una tarjeta corporativa, además de pagos a proveedores y gastos de TelePASE.
Según los contratos analizados, USEM debía rendir cuentas a la UOM y no podía disponer de los fondos sin autorización del sindicato. La Justicia busca establecer ahora el alcance del negocio y determinar si la compañía vinculada a Calle percibía alrededor de $350 millones mensuales en comisiones.
Las nuevas medidas apuntan así a reconstruir el origen y evolución patrimonial de los involucrados y profundizar el análisis de las operaciones entre la empresa y el sindicato.