Por José Luis Milia
A muchos les preocupa, pero desconocen qué hay detrás de la persecución política -llevada adelante con la bendición silenciosa del poder judicial- que desde 1983 se ejerce contra las Fuerzas Armadas.
La verdad es que ya casi no queda nada por demostrar, el proceso empezó en 1983 con un juicio inconstitucional para conformar a la socialdemocracia europea, siguió en los noventa con la amputación del proyecto Cóndor y terminó de coronarse con los espurios Tratados de Madrid, esa obra maestra de la claudicación diplomática que el Reino Unido todavía debe recordar con una sonrisa.
Lo que los argentinos no vimos -o no quisimos ver, porque la comodidad del autoengaño siempre seduce- es quién se benefició realmente con esta persecución.
Y no, no fue “la democracia”, ni “la verdad”, ni “la memoria”, ni “la justicia”. Fue alguien mucho más pragmático.
REVANCHA IDEOLOGICA
Podemos atribuir parte del desastre en que se sumió a las Fuerzas Armadas a la revancha ideológica de quienes fueron derrotados por las armas y que, habiéndose mimetizado en la política, siguen empujando a jueces para que persigan a militares, policías y civiles que combatieron al terrorismo. Pero esa explicación es solo arañar la superficie.
El castigo a los combatientes fue la excusa perfecta para justificar el desguace de las Fuerzas Armadas. Y ese desguace, además de venganza, fue un negocio. Un negocio tan grande que nunca sabremos si sus autores cobraron comisión o si solo lo hicieron por odio puro a esta tierra.
A partir de 2003, lo que antes eran agachadas, desinversión y tratados vergonzosos con el Reino Unido se transformó en un pacto explícito.
Un presidente desesperado por obtener los fueros que la izquierda podía garantizarle -presidente que es hoy recordado como uno de los peores ladrones de la historia argentina- y un doble agente que, habiendo sido jefe de la inteligencia terrorista, vivió plácidamente durante el Proceso escribiendo discursos para jerarcas del mismo, sin que nadie le pateara la puerta a las dos de la mañana.
Ese pacto no solo aceleró el desguace de las Fuerzas Armadas, buscó destruir su prestigio moral ante la sociedad, para que ningún argentino volviera a pensar en la defensa de la República, ni frente a un enemigo interno ni frente a una potencia extranjera.
¿Había venganza? Por supuesto. Pero para los firmantes del pacto, la venganza era apenas el envoltorio. El regalo era el negocio.
Porque destruir a las Fuerzas Armadas argentinas le devolvía al Reino Unido una tranquilidad estratégica que no tenía desde 1983, la certeza de que jamás tendría que volver a improvisar una expedición militar para defender un territorio robado.
Los números son más sinceros que la política. En 1985, el Reino Unido destinaba 644 millones de libras esterlinas a la defensa de las Malvinas, 3,6% de su presupuesto total de defensa. Veintitrés años después, en 2008, con el pacto del ladrón y el doble agente funcionando a toda máquina, el presupuesto británico para las islas cayó a 67,8 millones de libras: apenas 10,5% de lo que gastaban en 1985 y un 0,17% del presupuesto total de defensa. Así, la base británica de Mount Pleasant se amortizó en tiempo record.
Lo que políticos y jueces argentinos hicieron por la seguridad militar británica en Malvinas, ni Thatcher lo imaginó, ellos ayudaron a convertir la defensa de las islas en un gasto menor, casi simbólico.
UN CUENTO MORALISTA
Y mientras tanto, acá nos vendieron un cuento moralista sobre “lesa humanidad”, “derechos humanos” y “memoria”, como si todo esto fuera un acto de justicia y no una operación quirúrgica para erosionar la capacidad de defensa del país.
Una operación que benefició a una potencia extranjera, Inglaterra, fue ejecutada por la política argentina, legitimada por el poder judicial argentino y aplaudida por un pueblo adormecido, resentido y feliz de repetir consignas sin preguntarse a quién servían.La traición del presidente ladrón y el doble agente fue perfecta, dolorosamente perfecta.
* josemilia_686@hotmail.com