El Tribunal Oral Federal N.º 4 solicitó a la defensa de Lázaro Báez que se expida respecto del pedido presentado por el fiscal Abel Córdoba, quien reclamó que el empresario condenado por lavado de dinero cumpla el resto de su condena en una cárcel común. La decisión se enmarca en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, en la que Báez recibió una pena de diez años de prisión.
El pedido fue formalizado por el juez Néstor Costabel, quien notificó al abogado defensor de Báez, Juan Villanueva. La defensa tiene un plazo de tres días para responder, por lo que el empresario continuará, por ahora, cumpliendo su arresto domiciliario en su casa de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.
El fiscal Córdoba fundamentó su pedido en que la condena de Báez ya está firme tras la resolución de la Corte Suprema. Por lo tanto, según indicó, corresponde que el resto de la pena -calculada en seis años, seis meses y 22 días- se cumpla en prisión.
Lázaro Báez fue detenido en abril de 2016 en la causa por la “ruta del dinero K” y estuvo tres años bajo prisión preventiva. En 2019 fue excarcelado al superar ese período sin condena firme. Luego, la Justicia le concedió arresto domiciliario por razones de salud en el marco de otra causa judicial, conocida como "El Entrevero", vinculada a la compra de un campo en Uruguay.
Inicialmente, Báez cumplía la prisión domiciliaria en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires, pero posteriormente recibió autorización para trasladarse a El Calafate, donde permanece actualmente.
Ahora, la defensa de Báez solicita que se le computen como parte de su condena los períodos de detención vinculados a la causa El Entrevero. Esta cuestión deberá ser resuelta por el mismo Tribunal.
Mientras tanto, el caso vuelve a escena con el foco puesto en si el empresario, cercano al kirchnerismo y propietario de Austral Construcciones, regresará a una cárcel común para cumplir lo que resta de su condena por uno de los juicios más emblemáticos vinculados a presunto lavado de dinero en la obra pública.
Abril de 2013: El periodista Jorge Lanata emite un informe en Periodismo Para Todos que da origen mediático al caso conocido como la ruta del dinero K, en el que se vincula a Lázaro Báez con maniobras de lavado de dinero.
Abril de 2016: Báez es detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello tras declarar y quedar imputado por presunto lavado de activos.
Octubre de 2018: Comienza el juicio oral en el Tribunal Oral Federal N.º 4. Es uno de los juicios más importantes por corrupción vinculada a contratistas del Estado durante los gobiernos kirchneristas.
Febrero de 2021: Báez es condenado a 12 años de prisión (reducida luego a 10 años) por lavado de activos agravado. Otros acusados también reciben penas.
2023: La Corte Suprema deja firme la condena por la causa ruta del dinero K.
2024: Báez cumple arresto domiciliario en El Calafate por razones de salud, vinculado a otra causa (la compraventa del campo “El Entrevero” en Uruguay).
Junio de 2025: El fiscal Abel Córdoba solicita que Báez cumpla el resto de su condena (seis años, seis meses y 22 días) en una cárcel común. El Tribunal Oral Federal 4 pide opinión a su defensa antes de decidir.
Se trata de una investigación judicial que expuso presuntas maniobras de lavado de dinero por parte de Lázaro Báez, empresario santacruceño vinculado al kirchnerismo. La causa reveló el movimiento de fondos millonarios hacia cuentas en el exterior, a través de sociedades offshore, financieras y operaciones inmobiliarias, que habrían tenido como origen fondos públicos de la obra pública.
El nombre proviene de una investigación periodística de 2013 y fue tramitada judicialmente por el juez Sebastián Casanello. El juicio concluyó con condenas a Báez y su entorno, entre ellos su hijo Martín, y se considera uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.