Señor director:
El próximo arribo del León XIV es una muy buena oportunidad para recibirlo con un acto de magnanimidad extraordinario, manifestación a la vez de fortaleza y Justicia, consistente en el ejercicio por el Poder Ejecutivo argentino de la facultad de conmutar penas del artículo 99 inciso quinto de nuestra Constitución. Como es sabido, la conmutación, a diferencia del indulto, consiste en el cambio de la pena impuesta por la decisión judicial condenatoria por otra pena menor.
La facultad presidencial de conmutar no implica el ejercicio de facultades judiciales sino que constituye un acto político. El poder o la facultad de alivio o perdón parcial procede de la tradicional prerrogativa que tuvieron los soberanos de conceder gracia, en nombre de la piedad cristiana y de la civilización.
Este poder existía ya en Roma, para abolir la ley en favor del reo; lo consagraron los códigos españoles como una prerrogativa propia del soberano que la ejercitaba en oportunidad de ocasiones solemnes para la Nación o para la humanidad.
Integra la tradición constitucional más antigua, y es una potestad establecida en todas las constituciones americanas. En nuestro país se ha usado abundantemente en el pasado para dar fin a etapas de enfrentamiento, y como medida de pacificación.
En este caso, es una respuesta adecuada en cuanto a que la pena de cárcel no puede ser para “castigo” de los reos detenidos, pues se encuentra expresamente prohibida “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificación más allá de lo que aquélla exige” (artículo 18 C.N.), lo que en el caso que a continuación se expone, corresponde como medida desproporcionada a las actuales circunstancias.
Más aún, la detención perpetua hasta la muerte del reo , justificada como “política de Estado”, ingresa de lleno en la categoría sospechosa de discriminación, pues esta constitucionalmente abolida la “pena de muerte por causas políticas”.
Se trata de al menos 1.245 personas condenadas por hechos ocurridos hace ya más de medio siglo. A los que se suman más de 500 en situación de prisión preventiva prolongada, ya sea a la espera de proceso, ya sea en la etapa de condena apelada esperando sentencia definitiva.
Esto implica una pesada carga presupuestaria y sobre el sistema judicial y penitenciario contribuyendo al el actual estado de saturación, que por lo tanto amerita una respuesta tanto por estas simples razones prácticas, como por las de índole humanitaria propias de la excesiva edad de las personas en esta condición, que superan en todos los casos los 70 años, así como la oportunidad de ir dejando atrás esta etapa que no se ha repetido ni habrá de repetirse, evitando además que la justicia sea desvirtuada si deriva, por mero paso del tiempo, en medidas de represalia contra personas hoy ya indefensas.
Es tiempo llegado ya que la actual generación asuma la responsabilidad y la dignidad de ir sanando las viejas heridas de aquella tragedia, según la recomendación del Santo Padre cuando expresa en el primer párrafo de la introducción de su Encíclica:
"Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo: hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad".
Se trata por cierto de una decisión que requiere valentía y grandeza, para marcar hitos en el progreso de la sociedad hacia tiempos mejores.
La visita papal es una gran oportunidad de conciliación nacional que no debería desaprovecharse.
Roberto Antonio Punte
DNI 4.414.439