El país aguarda con enorme impaciencia y expectativa el paquete de leyes prometido por el Presidente que lo reencaminará en su inexorable camino de grandeza.
La columna se ha pronunciado repetidamente sobre las dificultades que la redacción, aprobación y efectividad de esas leyes conllevan, así como las dudas sobre la capacidad de los gobernantes para formular los proyectos correspondientes.
También ha expresado reiteradamente sus dudas sobre la coherencia de un proyecto supuestamente de libertad de mercados que se basa en el control estatal de las cantidades y precios del sistema cambiario.
Y por último, sostuvo que los actuales cambios de gabinete y en el equipo de gobierno no tienen nada que ver con plan económico integral y su ejecución, sino que sólo se deben a intrigas e ignotas necesidades o ambiciones en la interna del gobierno, sin abrir juicio sobre las mismas.
Sin embargo, aunque todas estas objeciones no existiesen, hay un obstáculo de fondo que se opone a cualquier proyecto que tienda a un futuro mejor para esta sociedad, no importa quien lo pergeñe, lo proponga o lo ejecute, ni las personas ni el partido político que lo auspicie.
Ese obstáculo insalvable es la corrupción.
Cuando se menciona este término el lector lo toma como una obviedad, una reiteración de un lugar común, una acusación banal e innominada, sin valor de prueba, una suerte de travesura intrascendente, o algo que se atribuye al enemigo político, al sector que molesta, o que de vez en cuando se descubre y genera un escándalo casi de compromiso, que pronto se esfuma con un escándalo nuevo.
En el mejor de los casos lo relaciona con los últimos años, con el kirchnerismo, con una vaga mafia, con algún affair de yates y mansiones. Su importancia pasa desapercibida porque el mundo entero parece haber copiado ciertas prácticas irrenunciablemente criollas.
La verdad es otra. La corrupción está imbricada en el ser nacional. O en el dirigente nacional. Ya el empréstito de la casa Baring Brothers, la primera deuda externa contraída por Rivadavia, suscitó críticas y sospechas y hasta una novela inglesa oprobiosa. Se recordará que el préstamo fue de un millón de libras esterlinas, pero lo que recibió el país fueron 553.000 libras, luego de descontar altísimas comisiones, intereses anticipados, etc. Estaba destinado supuestamente a Obras Públicas, pero se usó mayormente para pagar gastos corrientes. Representaba ¡40% del Producto Bruto!
El país defaulteó esa deuda en 1827, y luego de varias renegociaciones y defaults terminó siendo cancelado relativamente en 1904, después de pagar un monto equivalente a cuatro veces el valor del préstamo nominal. Esto ocurrió hace 200 años. ¡Y pensar que el país llamó ladrón a Kirchner sólo por haber vendido bonos a Chávez con apenas 15% de descuento!
El general San Martín, en varias de sus cartas recopiladas por última vez completas en un libro publicado en 1917, (por alguna razón no se publicó más) se refiere largamente a Rivadavia y también a la corrupción generalizada y sus efectos.
Por una curiosa coincidencia, seguramente, la corrupción se comienza a institucionalizar casi simultáneamente con la promulgación de la ley de voto universal, que consagra a Yrigoyen como presidente. Tras el golpe que lo depone se vive un período vergonzoso para la nación, en varios sentidos. Sobre el final de ese período Juan y Eva Perón realizan la gran colecta para ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan en 1944. Esos cuantiosos fondos nunca llegaron a destino.
El gobierno peronista del 46 en adelante consagra diversos caminos para el delito contra el Estado. Su fundador creía en el sistema mussoliniano de poner el ejército a cargo de las empresas que llamaba estratégicas. Nacen ahí los primeros negociados y los primeros encuadernados de la historia nacional. Las licencias de importación, las empresas privadas proveedoras del estado, las primeras obras públicas, los créditos baratos para los afiliados al partido, los permisos de telecomunicaciones y emisoras, lo astilleros y fábricas que le vendían al estado, además de los negocios con inmigrantes judíos y simultáneamente con asesinos nazi, una combinación digna de un premio Nobel de habilidades políticas. Juan Duarte, hermano de Eva, se suicida en un misterioso episodio cuando está a un paso de ser procesado por sus negocios con el Estado y tráfico de influencias.
Perón le paga al Ejército su nombramiento como presidente con aumentos salariales de mucha importancia y también con designación escandalosa de oficiales. (Leer Potash, El ejército y la política en la Argentina). Crea una falsa industria militar seudo estratégica que el país subsidia en muchos casos hasta ahora.
Con el peronismo también comienza el sindicalismo obligatorio al amparo de la CGT, brazo laboral del movimiento. Ese solo hecho crea una de las grandes centrales de la corrupción nacional, que crece y florece hasta hoy de mil maneras, a veces imbricándose con la política, a veces generando sus propios negocios o presiones. No debe olvidarse que el negocio de las Obras Sociales, una de las estafas más grandes al Estado y los “humildes cabecitas negras”, como diría Nuestra señora de la esperanza, fue un invento del gobierno de Onganía quien se las adjudica por decreto ley a los sindicatos.
Al amparo de las prebendas y negociados con Perón y su régimen nacen muchos denominados empresarios, cuyos descendientes ahora posan como referentes señeros de la producción nacional, y hasta se creen con el derecho moral y cívico de dar clases por televisión sobre lo que le conviene o no al país.
El regreso de Perón democratiza el robo a la sociedad. Los beneficiarios de la rapiña se amplían. Aparecen más empresarios que consiguen prebendas diversas, monopolios, contratos, concesiones. El peronismo que tiene una conducción difusa aumenta sus beneficiarios.
La revolución que derroca a Isabel Perón termina siendo un reparto de negocios entre muchos de sus líderes. El terrorismo había hecho sus propios negocios con sus secuestros y secuestrados y aún con sus perseguidores. Nuevos y viejos protagonistas de la corrupción se cuelan rápidamente en las filas del Proceso. Las Fuerzas Armadas deciden repartirse varios negocios para solventar sus gastos que estaban comprimidos por la política de Martínez de Hoz.
Nacen allí testaferros famosos, adjudicaciones de canales de televisión, negocios de duty free, se gastan 700 millones de dólares en el mundial de fútbol y se construye un canal de televisión para albergar la TV color, pero en realidad el Mundial se termina trasmitiendo al planeta desde dos camiones de exterior cuyo precio no llegaba a los dos millones. Al final del Proceso la corrupción en el gobierno escandalizaba a los propios.
El sistema de garantía de depósitos del Estado y su control de cambio que lo obligaba a vender dólares para mantener su precio barato (perdón por la similitud) había creado una retahila de estafadores que se denominaban financistas o banqueros, que se enriquecían a gran velocidad tomando préstamos subsidiados al 14% anual que recolocaban en financieras no bancarias a tasas que llegaban al 250% anual. Las financieras tenían garantía del Estado, de modo que cuando quebraban, los depósitos de los operadores eran reembolsados de inmediato.
Las financieras aparecían por docena y sus presidentes eran los cadetes o los choferes de las empresas, para evitar juicios patrimoniales a sus dueños verdaderos. Muchos comerciantes y empresarios tomaban préstamos a tasas siderales que no pagaron nunca. Al finalizar ese período, muchas pymes se habían fundido, pero surgía una raza que hoy son banqueros o financistas, que nacieron del oportunismo y la estafa.
Cuando se termina la época de la Plata dulce, como la llamó la inteligencia de una clase media que no alcanza a comprender cuándo la roban, esos empresarios le debían a las financieras, ergo al Banco Central que tuvo que pagar las garantías a los inversores de esas financieras, más de 20.000 millones de dólares de esa época. Los 200 abogados del Central dejaron caer los plazos de los juicios durante la presidencia de Menem y el Estado no recuperó un centavo de esas deudas. Los deudores tienen hoy casas en José Ignacio y otros centros turísticos. Algunos fueron o son embajadores o funcionarios. La corrupción no es sólo kirchnerista.
Con motivo de ese período, un importante dirigente radical –aún influyente– y un importante ministro menemista –hoy experto en negocios de energía- labran un pacto por el cual ningún peronista denunciaría o apoyaría una denuncia por corrupción contra un radical y viceversa. La Plata Dulce no tiene culpables. Por eso durante muchos años los presos eran de la UCD o algún otro partido, nunca radicales ni peronistas. Para algunos, el pacto sigue vigente. La corrupción es multipartidaria y multisectorial. También multipoder.
La corrupción floreció con Menem. Un sistema de reparto de plata negra se estableció entre todos los funcionarios, hasta el rango de subsecretarios. Percibían una cifra fija por mes que no se declaraba ni pagaba impuestos. Y una participación en las ganancias. Prominentes y supuestamente probos funcionarios mentían justificando sus ingresos con supuestas conferencias que daban en el exterior, como si fueran prohombres mundiales. (Nuevamente perdón por la similitud)
El proceso de privatizaciones generó nuevos ricos en el área sindical, para facilitar la venta de empresas que Perón había declarado estratégicas. También generó algunos muertos, pero se trataba de gajes del oficio. El sindicalismo está habituado a esas depuraciones. Don Corleone y Tony Soprano también. Y por supuesto, de paso dejó abundantes dividendos para la política de parte de los beneficiarios de algunas de esas ventas.
Y antes de que el lector piense que “eso no pasaba en la época de De la Rúa”, vale la pena destacar un detalle. Todos los contratos de privatización firmados por Menem fueron fruto de una licitación o concurso y el monopolio de su actividad vencía antes del año 2000. Todos esos contratos fueron renovados sin licitación y el monopolio extendido sin límite de tiempo, durante el período de De la Rúa.
Lo que lleva a otra observación. Cuando como ahora se habla de la importancia de controlar el gasto del Estado por su efecto sobre el déficit, el endeudamiento, la emisión y los impuestos, o sea sobre el bienestar de la sociedad, no se suele conectar el gasto con la corrupción. Sin embargo, tiene una importancia central, que suele olvidarse aun por los gobiernos que enarbolan la austeridad como una bandera de lucha. Entonces se termina ajustando a un trabajador, o restándole ayuda a un enfermo o a un necesitado, al privilegiar, queriendo o sin querer, por acción, tolerancia u omisión, a colosales delincuentes.
No hay ni un solo mecanismo o caso de corrupción, que no golpee directamente sobre el gasto del Estado. A veces por un valor más importante que lo robado, porque para justificar la coima o el robo, se incurre en gastos innecesarios o en sobreprecios, nepotismo, amiguismo, amantismo y otros. Toda coima que se paga a un funcionario va a parar al gasto. Todo dinero que se saca de la recaudación aumenta el gasto, todo monopolio que se permite o se entrega aumenta el gasto y el costo de vida, todo contrato o licitación innecesarios aumentan el gasto.
Los juicios que el estado se autoprovoca y luego pierde por sistema, como pasa con las licitaciones y otras concesiones, aumentan el gasto. En un cálculo grosero pero bastante justo, si se pudiera detener la corrupción no haría falta ni sacrificar a las clases media y baja, ni postergar jubilados, ni mezquinar servicios hospitalarios. Y ni siquiera haría falta controlar el tipo de cambio.
El kirchnerismo, es cierto, llevó la corrupción a las masas y completó su naturalización. No deja de ser impactante ver como cualquier ignoto funcionario, sindicalista de tercer o cuarto nivel, financista, empresario de algo innominado, amante, chofer, amigo de alguien, intendente de pueblo, de pronto tiene un millón de dólares, o un yate de varios millones e invita a estrellas de la televisión, o tiene en efectivo medio millón de dólares. Balcedo, por caso, un sindicalista de tercer nivel con Ferrari, Porche y Mercedes propios, obvio, casi compró Playa Verde en Uruguay y pasó a ser una especie de benefactor y héroe de la zona. Tanto que todavía resiste la extradición solicitada por Argentina en su rancho de Uruguay, El Gran Chaparral, ahora casi protegido por Uruguay, donde tanta generosidad derrochó. (Que pagaron los argentinos) Solamente la generalización y vulgarización de la corrupción explica un caso así de enriquecimiento grosero y vomitivo. Da miedo pensar en lo que robaron los de mayor nivel.
Néstor Kirchner fue un auténtico entrepreneur de la corrupción. Inventó el sistema en su provincia, donde armó su red de empleados bancarios y amanuenses que terminaron siendo billonarios y luego lo aplicó en el país. El gobierno de su esposa y el de Massa sólo siguieron su rumbo, aunque jamás con su eficiencia y excelencia. Su accionar puede simbolizarse con el caso emblemático de la renovación por 40 años de una concesión petrolera - nueve años antes de que se venciera el contrato original- a otra de las empresas señeras de Argentina, la misma que Menem salvara de la quiebra al instruir al Banco Central en 1993 para que dejara caer los plazos de un juicio que debía perder sin atenuantes.
Aunque nada tan ilustrativo como el caso YPF, que involucra a varias gestiones. Se trata de un abogado transformado por Kirchner en banquero primero y en empresario petrolero después. Esteban Eskenazi. ¿Socio, amigo, testaferro, hábil negociador, testaferro? Qué importa. La española Repsol había comprado la mayoría accionaria de YPF durante la presidencia de Menem, (con reserva de la llamada acción de oro, que permitía conservar la mayoría en ciertas decisiones). YPF era una SA con mayoría estatal - un engendro societario que permite que la empresa no sea controlada por nadie, para resumir. Repsol decide en ese momento irse de la región. Para ello tiene que vender sus acciones, cosa que no es simple ni rápida ni fácil con el control cambiario local.
Providencialmente, en ese momento Repsol vende en dos tramos acciones por el 20% de la empresa a Eskenazi, un extraño total en el negocio petrolero. Eskenazi no pone un centavo al contado. Obtiene crédito de bancos con la garantía de esas acciones, y otro crédito de la propia Repsol. Todos a pagar con las utilidades futuras. Un milagro que nadie en el mundo podría conseguir (salvo el sobrino de Franco Macri, Angelo Calcaterra, que le compró SOCMA con el mismo método, otro milagro). En un tercer milagro, Repsol, le cede el control de la empresa a Eskenazi.
En las explicaciones a la Security and Exchange Commission, Repsol dice que le vendió esas acciones porque es “un experto en mercados regulados”. En un cuarto milagro, la implacable comisión de control de la bolsa americana se traga esa píldora.
A partir de ese momento, Argentina autoriza a Repsol a girar dividendos al exterior, algo que estaba restringido para cualquier empresa, y por valores que excedían largamente el 2% que es un máximo en la actividad petrolera mundial. Llega a girar dividendos por montos mayores a las ganancias de la compañía, un absurdo. Ni siquiera permitido por la ley de Sociedades. Siguen los milagros.
Esos dividendos cumplían una doble función: pagaba la deuda que Eskenazi tenía con los bancos y con el propio Repsol, y también retiraba el capital invertido por Repsol en la privatización. Advertencia al lector: no lo haga en su empresa porque será acusado inmediatamente por vaciamiento y probablemente encarcelado sin derecho a tobillera.
Quienes sospechan que Eskenazi habría comprado esas acciones como prestanombre de Néstor Kirchner, es decir como testaferro, dicen que a la muerte de Néstor su hijo habría reclamado las acciones de su padre, sin éxito. Enfurecida por la negativa, el gobierno de Cristina Kirchner decide expropiar las acciones de Repsol, lo que paradójicamente ayudaba a la petrolera en su plan de irse del país. La valuación de la empresa era en ese momento no mayor a 3.800 millones de dólares. Kicillof, entonces ministro de Economía, en una cátedra de suficiencia, decide no comprar las acciones de Eskenazi ni las de los accionistas que habían comprado en bolsa. Es decir que expropia solamente el 31% de las acciones.
En un posterior acuerdo judicial, Argentina le paga a Repsol por esa confiscación 5.000 millones de dólares, una cifra insostenible por lo alta, y al mismo tiempo prohíbe girar más dividendos, con los que Eskenazi se queda sin dinero para pagar las acciones que debe a los bancos y a Repsol. (Esta última ya había recuperado su inversión, como era su intención).
La empresa de Eskenazi se presenta en convocatoria de acreedores - ya que no tiene el dinero de los dividendos para pagar la deuda de la compra - en España, vaya a saber por qué en esa jurisdicción, y el raro y altamente dudoso proceso concluye en que un fondo compra los derechos de Eskenazi y hace un juicio contra Argentina por no haber ofrecido comprar el total de las acciones, como establece la ley. El juicio se radica en el segundo distrito de Nueva York.
El fondo Burford es quien inicia juicio contra Argentina. El fallo lo favorece y a esta altura entre montos e intereses llega ya a 18.000 millones de dólares, que de prosperar sería un déficit directo del 3% del PBI.
En este proceso hay al menos cinco causales de delito en la República Argentina. Elisa Carrió inició por esta causa un juicio penal ante el juez Lijo en 2006. El juicio está paralizado hace 19 años. Si ese juicio hubiera prosperado el país no habría sido condenado, porque la justicia americana estaría aceptando un derecho que se origina en un delito. Lijo es el juez que Javier Milei defendió denodadamente, hasta el ridículo, como su candidato a ministro de la Corte Suprema. Contó en ello con el apoyo público de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Desde la iniciación del juicio contra Argentina en 2015 hasta ahora, a ningún abogado ni funcionario se le ocurrió plantear el caso como una maniobra delictiva que se inicia con la venta de las acciones a Eskenazi, que habría evitado este posible resultado catastrófico. Ni al gobierno de Cristina Kirchner, obviamente, ni al de Mauricio Macri, ni al de Alberto Fernández, ni hasta ahora al de Javier Milei. Tampoco los medios de comunicación han desarrollado significativamente este tema, y muchos lo han ignorado o evitado prolijamente. Aunque moleste decirlo, una parte no menor de la prensa tiene participación en el negocio nacional favorito.
Y como se ve en este caso y se verá en la nota de la semana próxima, la justicia es uno de los pilares de la corrupción. O peor, la razón misma de la corrupción, la telaraña que envuelve y desangra al país.
El sábado el final del artículo.