El propósito de estos dos artículos, el del sábado pasado y el presente, no es meramente ético, aunque podría serlo. Tiene dos propósitos; por una parte, explicar a la sociedad algo que ya sabe o debería saber, o que prefiere olvidar: todo acto de corrupción es un gasto. Y un gasto de la peor clase. Es una erogación sin contraprestación, es un ataque directo a los sectores más vulnerables de la sociedad, genera más daño que lo que se reparten los corruptos porque en la mayoría de los casos para justificar sus negocios los complotados incurren en gastos muchísimos más altos, muy pocas veces con utilidad alguna para la población.
Recuérdese que todos los gobiernos, nacionales, provinciales y municipales, gastan fortunas en tercerizaciones completamente superfluas, que no deberían requerir ningún tercero para llevarlas a cabo. Se gastan miles de millones en informes económicos o seudo estudios que se abonan a consultoras que toman personal que nunca utilizan o montan oficinas que quedan vacías, sólo para justificar la facturación al Estado.
Las tercerizaciones, uno de los mecanismos más sencillo de robo al erario, son perpetradas entre privados y el Estado. Cumplen las dos condiciones que se puntualizaban: a) son inútiles. b) se reparten los beneficios entre funcionarios y prestadores. Solamente analizando esos casos, o prohibiendo directamente esa práctica de escamoteo de charlatán de plaza, se ahorrarían recursos varias veces más importantes que los que han merecido la discusión y a veces la repulsa pública y que han debilitado al propio gobierno actual, y le han restado validez a algunos argumentos sólidos que tenían una cuota de razonabilidad.
¿En serio necesita la administración pública tercerizar la limpieza, la vigilancia, la liquidación de sueldos, recibir newsletters pagas, informes, estudios de todas clases que deberían ser hechos por la ya abundante burocracia? Sólo parece escandalizar el número de asesores de los legisladores, apenas una propina en la estafa generalizada. Se discuten, con razón, el 50% de estudios ridículos que produce el CONICET, pero se olvida convenientemente que nada más que este rubro de las tercerizaciones y los informes en el resto de las administraciones representa mil veces más, como mínimo, que esos gastos en cuestión.
Esta columna sostiene que la mitad del gasto público combinado de Nación, provincias y municipios contiene el 50% del costo de la corrupción, entre lo que se roba y lo que se hace inútilmente para justificar el robo. La tarea de un buen gobierno sería la de identificar cuál 50% sirve y se justifica y cuál debe ser eliminado y penado.
Cuando se habla del sacrificio de la sociedad para bajar el déficit y consecuentemente la inflación, o se dice que la motosierra y la licuadora se aplicó sobre las clases media y baja en vez de realizarse sobre la casta, se está hablando implícitamente de esta omisión, que convenientemente se olvida. Cuando los supuestos expertos dicen que los males del país se deben a que se gasta más de lo que entra, o de que todos los gobiernos cometen los mismos errores, sin darse cuenta se está hablando de la ceguera selectiva sobre estos temas de que han hecho gala todos los gobiernos argentinos.
Lo que lleva al segundo objetivo de estas notas: desmentir la especie de que la corrupción es sinónimo de kirchnerismo, como si haciéndolo desaparecer o colocando una tobillera amistosa a Cristina Kirchner el tema estuviera resuelto.
Falso. La corrupción, las prácticas como la de las causas de los cuadernos, las rosaditas, los bolsos con dólares, con esos u otros formatos, han sido de rigor desde siempre. La Ley Sáenz Peña, que democratizó la política y el robo y devaluó las responsabilidades y calidad de conducta de los factores políticos y de producción y el despojo floreció paulatinamente en este emporio mafioso que rige a Argentina.
Creer que “ahora sí estamos luchando contra los ladrones públicos” es un acto superior de inocencia colectiva. Como lo es creer el argumento enarbolado ahora por los encuadernados que sostienen que sus coimas se trataron de contribuciones a la política, o. para pagar rescate, o porque de lo contrario no se podía trabajar. Falso. Jurídicamente falso en el caso específico, porque la cartelización es evidente, y eso no es ni una contribución política ni una cuota de supervivencia estilo mafia que pagaron las empresas. Ver el expediente. Y porque el argumento de la tortura para obligar al arrepentimiento y la aceptación del delito es infantil e imposible de creer, por muy venales que sean los jueces y muy inocente que sea la sociedad. También falso en la práctica, porque este tipo de maniobras fue la práctica durante muchos gobiernos.
Los que creen que el Estado es un sistema de robo para esquilmar a la sociedad, deberían comprender que el hecho de que el Estado se asocie con privados a esos efectos no santifica ni reduce esos robos, los aumenta, y tampoco los torna justificables ni tolerables.
Como un simple ejemplo, habrá que recordar que en 1991, bajo la intendencia de Carlos Grosso, ascendido hace unos días a genio infuso por Mauricio Macri, la Municipalidad de Buenos Aires otorgó tres tercerizaciones o concesiones. Una para llevar la contabilidad de la Ciudad, otra para la administración de la recaudación, y otra para obras. Ninguna de las tres cumplió seriamente su cometido ni mínimamente, pero las tres terminaron consiguiendo “arreglos amistosos” económicos o ganando juicios que la administración pública se especializa en perder. Uno de esos concesionarios de la nada fue Franco Macri, protector y mecenas de Carlos Grosso.
Pocos casos más mediáticos y que reflejaron mejor el grado de impunidad con que se maneja el mecanismo de piratería contra el Estado como el del llamado grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián de Souza. Se recordará que ese grupo no formal controlaba entre otros la empresa Oil Combustibles, con estaciones de servicio. Entre 2013 y 2015 López retuvo a sus clientes el impuesto al combustible en sus surtidores, pero no lo ingresó a la AFIP como todos los mortales. Consiguió, antes o después de ese momento, una autorización retroactiva de ese organismo, cuyo director era Ricardo Etchegaray, designado por Cristina Kirchner, para retener esos importes.
La AFIP no podía, legalmente, otorgar esa autorización, aún si lo hubiera hecho en tiempo y forma. La falta de pago de una retención constituía una defraudación, además de una evasión. Se trataba de un delito penal y uno económico. El monto en dólares de ese momento ascendía a 1.000 millones de dólares. Con esa cifra López y Sousa desarrollaron otros negocios.
Con el advenimiento de Mauricio Macri a la presidencia, y el cambio total de funcionarios, se produce la denuncia penal de Elisa Carrió. Para hacerlo breve, el juicio penal todavía está tramitándose, fue de a poco transformándose en juicio civil por evasión, ya no por defraudación. La AFIP, que recuperó una mínima parte de esa suma, está reclamando hoy, a 12 años del hecho, una cantidad bastante menor a la defraudada. Además, ha abierto la posibilidad de que la cifra retenida ilegalmente sea ingresada, utópicamente, con un plan de moratoria sin intereses.
López obtuvo un tratamiento de excepción y privilegio del que no gozaría un modesto restaurant de Caballito que no puede pagar el saldo del IVA de ese mes, sería embargado sin juicio y se le prohibiría emitir facturas y operar.
Pero no termina ahí el privilegio. Con una simple acta de directorio supuesta y mágicamente escrita en un libro de reuniones sin valor legal, porque el Grupo no está constituido en forma de Sociedad Anónima, López logra mediante la transferencia de sus acciones a De Souza que no se viera afectada por la quiebra su participación en el colosal negocio del juego, en el que participa con casinos y máquinas, y en el conspicuo Hipódromo de Palermo, con 1.500 máquinas, en sociedad minoritaria con Federico de Achával, otro personaje de origen peronista con paso por Cambiemos que merecería varias notas como ésta, que viene zafando de juicio en juicio y de acusación en acusación.
La justicia dio por válida esa transferencia, que no sería aceptada ni para el caso de la SRL de una Pyme. Por supuesto los negocios de López siguen funcionando y creciendo. Mil millones de dólares sustraídos directamente del presupuesto de la Nación. Mil millones de dólares más de déficit, por la acción de un solo empresario, con la anuencia de los funcionarios que debían controlarlo. Imposible encontrar un ejemplo más directo de la relación entre la corrupción y el gasto estatal.
He ahí le esencia del problema. La justicia. Parte vital de la telaraña. Un conglomerado de favores y negocios, donde la lealtad por quien designó a un magistrado es una inversión. Tampoco exclusividad kirchnerista. Oyarbide y Canicoba Corral, emblemas del cajoneo y las absoluciones exprés, fueron designados por Menem, igual que el expresidente de su Corte amiga, Julio Nazareno. Zaffaroni, el padre del garantismo que tantos crímenes de convictos liberados ha costado, el inventor de la absolución a un pedófilo porque su violación había sido cometida con la luz apagada, por Cristina Kirchner.
Ariel Lijo, el rey de las causas y denuncias en su contra, acaso el magistrado de peor reputación en el país, sí fue nombrado por Néstor Kirchner. La propuesta de su nombramiento fue elevada en conjunto con su ministro de Justicia, Horacio Rosatti, actual presidente del máximo tribunal. Tiene cajoneado desde hace 16 años el juicio por la venta ficticia de las acciones de Repsol a Eskenazi, que de haberse resuelto en tiempo y forma habría evitado el juicio en el segundo distrito de New York que puede costarle a Argentina 18,000 millones de dólares, que corren el riesgo de volverse gasto público sin poder argumentar que “no hay plata”.
En un peligrosísimo síntoma, en 2024 el presidente Milei lo propuso empeñosamente como miembro de la Corte.
El asesinato del fiscal Nisman, que conmovió al país, luego de la delictiva y ensañada destrucción de pruebas de la fiscal Fein, está desde 2016 en el juzgado de Julián Ercolini, designado por Néstor Kirchner, un juez también con varias acusaciones en su historial.
Esta es una pequeña muestra de casos que ayudan a refrescar la memoria, aunque la lista es infinita y explica mejor que ningún argumento o análisis económicos la razón de los defaults, del despilfarro, de los subsidios, de los migrantes que vienen a hospitales y escuelas amparados por el aporte de sus cónsules a los funcionarios pertinentes, de la entronización de la droga, que financia la política, no solamente a Espert, como puede creer algún despistado, y no solamente la política sino el tren de vida de los políticos y anexos y las amantes y chongos.
Hoy la situación no ha mejorado, aunque haya miedo de decirlo o intención de no verlo. Hace dos años que no se designan jueces. Faltan 600 en el país. Las posibilidades de una justicia más o menos rápida, ni siquiera justa u honesta, son inexistentes. No se han completado las vacantes en la Corte, en una sociedad que necesita consolidar la institucionalidad como el agua. Hasta está vacante el cargo de Procurador General.
¿Quién es el culpable? Toda la política. La idea de que el juez debe pertenecerle al partido que lo propone por lealtad en vez de serlo por sus calidades, prestigio y trayectoria, ha terminado de aniquilar al sistema judicial. O acaso, justamente la necesidad de que la justicia sea manipulable, lenta, confusa, conversable y amiga, da lo mismo.
Un solo caso, el de Calvete y la ANDIS, que asusta por la cantidad de dinero que maneja un personaje de cuarto nivel, ha unido en el mismo lodo a casi todo el arco político, figuras del gobierno, empresas privadas, laboratorios en operaciones más que sospechosas, la oposición, Hugo Moyano, el PAMI, la explotación de la prostitución, Fred Machado, Karina Milei. Imposible no sentir miedo y congoja ante la posibilidad de que Calvete sea apenas una pieza menor, un cuentapropista de la corrupción, casi un minorista.
Es, además, sintomático que uno de sus centros de negocios sea la ANDIS, justamente uno de los epicentros de los reclamos al Gobierno cuando intentó ajustar, con buenos argumentos, una cifra mucho menor de la que se adivina en estas estafas. También es sintomático que el Gobierno evada un comentario de fondo o una respuesta al problema.
Algo similar ocurre con el caso Libra, que aparece como un Watergate en potencia. Todos los días aparece un dato, una medida, un personaje, una declaración una cuenta, una negociación secreta, que pone en duda el accionar de funcionarios o cuasi funcionarios.
El accionar del presidente de la AFA, y no ya por las arbitrarias y decisiones futbolísticas que está tomando, sino por su patrimonio, sus actividades, sus conexiones, su riqueza que se va exponiendo.
El fútbol está pasando por el peor momento de su historia con la aparición del juego institucionalizado online, que va a transformar en ludópata a toda una generación, como antes ocurrió con la droga. El Congreso no ha aprobado siquiera la ley de ludopatía infantil, postergada quién sabe por qué urgencias. Nadie ha medido el poder y la influencia de estas apps de juego. Nadie se ha puesto a pensar los intereses que pueden tener en modificar el resultado de un partido según lo que convenga.
De ahí está surgiendo una nueva mafia. Es fundamental contar con una organización deportiva transparente y sería capaz de separar el deporte de la trampa y el lavado, que terminan enriqueciendo a los dirigentes y baldando a una sociedad, aun reconociendo que el fenómeno no es solamente local sino que es mundial. El logo de las apps de apuestas en todas las camisetas del fútbol mundial es, más que una acción publicitaria, el pago por una marca de fuego que puede esclavizar y condicionar. Hacer frente a eso también es progreso, crecimiento y bienestar, especialmente para un país empobrecido.
Un último tema entre las preocupaciones es la decisión del Gobierno de haber prohibido a la Unidad de Información Financiera ser querellante en los casos de lavado. Además de que ese es el único mecanismo contundente que tiene el organismo, acaso y su razón de ser, es un nuevo síntoma peligroso. Se está viendo ahora mismo en algunos juicios como en la causa de los cuadernos, donde uno de los argumentos creativos esgrimidos por los imputados es justamente esa prohibición. (argumentando además que su dependencia del Ejecutivo la torna parcial, una estupidez jurídica que ignora la razón de ser de la UIF)
Nada más peligroso y permisivo para la lucha contra la corrupción que mutilar la acción de los organismos que deben combatirla.
Para unir los dos conceptos, la economía y la corrupción, es interesante mencionar el vicio del control de cambios. Todos los gobiernos de las últimas décadas han usado el sistema de vender dólares que terminaron siendo baratos o seguros de cambio que terminaron siendo caros para las finanzas nacionales, en el intento de controlar el tipo de cambio para complacer gentiles pedidos de sus abonados prebendarios empresaurios y evitar o controlar supuestos efectos del tipo de cambio sobre la inflación. El costo para el Estado y para la sociedad ha sido monumental. La ganancia para los íntimos oportunistas y ahora amigos incluyendo americanos, ha sido fenomenal.
Cuando se sostiene que la Argentina es una economía bimonetaria se lo hace como si fuera una característica étnica. En rigor, se trata de una reacción lógica contra la arbitrariedad estatal. Es una manera de protegerse del propio país. También es gasto público, también es falta de crecimiento, también es desconfianza. Los culpables del supuesto bimonetarismo son los prepotentes que quieren decidir el precio de la divisa. No la sociedad que quiere protegerse de esa arbitrariedad. No es étnico. Es la fatal arrogancia de la burocracia bimonetaria.
La desaparición, castración o subordinación de la justicia la escasa supervisión sobre los juzgados, la desprofesionalización y politización en la designación de jueces y funcionarios conforman la trama de soporte de la telaraña. Una peligrosa cadena de favores, negocios, retornos, rapiñas grandes y pequeñas, sobornos, acomodos, prebendas, estafas, retribución de favores.
Lo que empeora la situación, es que de a poco se han ido agregando muchos protagonistas, como si la telaraña se fuera extendiendo infinitamente, donde se mezclan en algún momento o lugar todos con todos, como si estuvieran en un escenario teatral representando una obra cuyos personajes van cambiando de ropaje según el momento y según les convenga. O siendo buenos o malos según lo que rente más.
Ya no alcanza con cambiar de partido o no cumplir un acuerdo. Ni de oponer ideas. Se trata de un negocio en el que todos quieren participar, y que fingen combatir hasta que llega la oportunidad de ser socio.
Una telaraña sin araña en su centro. Una telaraña de miles de arañas, que son alternativamente enemigas o cómplices, en busca de una presa mayor: el Estado, la sociedad. Una web de corrupción.