Todavía no es posible proceder a un análisis de las diferentes partidas presupuestarias, de modo que, fuera de opinar sobre la dialéctica, la estética y el estilo del discurso de ayer del presidente Milei, no es momento aún para ensayar una opinión en cualquier sentido.
Habrá, sin embargo, que referirse a las pistas que el Presidente ofreció anoche. Para comenzar, debe aclararse que cuando se habla de aumentar a jubilados, discapacitados y salud un cierto porcentaje por encima de la inflación, se está hablando de la inflación futura. Lo que es correcto aunque no cumpla la ensoñación de recuperar el valor perdido por la inflación pasada acumulada. Intentar de recuperar ese valor con una ley, un Presupuesto o una sensiblera generosidad, es simplemente volver a entrar en el imparable círculo vicioso que termina en la sinusoide hiperinflacionaria que lleva a la miseria.
En Argentina y en el mundo, hoy y siempre, tratar de ajustar por la inflación pasada es garantía de desastre. Esto puede crear desilusión, enojo o cualquier otra reacción y opinión, pero no es eludible. Ni este gobierno ni ningún otro debe intentar semejante locura. Quien prometa lo contrario es un irresponsable. La recuperación vendrá con el tiempo, a medida que el PBI crezca, el déficit desaparezca y el crédito legítimo reaparezca.
Aunque no se haya profundizado en el análisis de un presupuesto que no se ha hecho público, sin embargo hay un punto que es preocupante y que también enfatizó el primer mandatario ayer. Es la idea de que si existiese superávit, tal situación permitiría que el sector público financiase al sector privado para realizar obras e inversiones. Tal concepto es simplemente un grave error, además de ser un monumental contrasentido ideológico para el catecismo presidencial.
Se supone que lo mejor que tiene el sector privado es arriesgar su propio dinero, y además se supone que si el país hace buena letra en los aspectos fiscales y monetarios, ello contribuye a la inversión, base del crecimiento y el empleo y la forma de relevar al estado en una serie de funciones no esenciales. Es cierto que toda inversión implica del privado un aporte de capital propio y una parte de crédito que conforman los accionistas y los préstamos bancarios. Pero ese crédito no debe ser, ni necesita serlo, provisto por el estado. La empresa privada debe ser la que aporte consiga los créditos de bancos locales o extranjeros, mayormente privados. O si se obtienen de la banca pública, será porque a la banca pública le significa un buen negocio.
Ese formato también implica mantener a raya el precio del dólar en un mercado libre, sin necesidad de recurrir a artilugios artificiales y peligrosos para controlarlo, siempre fracasado.
Por otra parte, si hay superávit en el sector público éste debería usarse para amortizar la deuda externa, lo que implica una serie de ventajas cambiarias, crediticias y cuasi fiscales, y también antiinflacionarias. No pareciera inteligente usar ese superávit del Estado para financiar emprendimientos privados, siempre un intento oscuro y perdidoso, además de que se estaría dando preponderancia y participación al odiado estado, que supuestamente no debería inmiscuirse en estas tareas.
Esto es particularmente delicado cuando muchos de los inversores que manejan los sectores extractivos, energéticos, de obra pública, son conocidos parásitos del Estado que no se especializan exactamente en invertir y que han logrado que exista una ley que impide que los inversores extranjeros participen directamente en la mayoría de las actividades estratégicas sin estar asociados a una empresa argentina, garantía de sangría al erario y de otras cosas peores, como se vio por ejemplo en el caso Odebrecht. En muchos casos, también se dedican a actividades múltiples en la que se han especializado en tiempo récord.
La sola idea de usar fondos del Estado para financiar al sector privado repugna al concepto de libertad económica, al liberalismo, al libertarismo, a Rothbard, a todos los principios que sostienen la política de estos dos años y la justifican y explican.
Tal vez con esa frase el presidente quiso decir algo diferente y tiene un significado que escapa a esta columna en este momento, o que se aclarará cuando se analice en detalle el presupuesto. Pero el significado del concepto esbozado en el discurso de ayer no parece permitir dobles interpretaciones. Por primera vez, es de esperar que la idea sea rechazada o retirada. Todo el proceso de las inversiones y licitaciones en el país debe ser revisado, pero en un sentido totalmente opuesto a esta idea. En un gobierno que ha tomado la bandera de la revisión, la desregulación y la libertad, las prácticas que han sido de rigor en tantas décadas deben ser combatidas e impedidas, no facilitadas ni financiadas con dineros públicos.