Por Laura Caullo *
Argentina continúa navegando sin un rumbo claro en el mundo del trabajo. A pesar de la importancia estratégica que tiene el empleo de calidad para impulsar el crecimiento económico, el país sigue atrapado en una dinámica laboral frágil, marcada por el avance persistente de la informalidad y la falta de modernización en sus instituciones laborales.
De acuerdo a los últimos datos disponibles, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, el 42% de los trabajadores se encuentran en condición de informalidad, mostrando un leve incremento respecto al 41,4% del mismo período de 2023.
Aunque éste fenómeno no es nuevo, la falta de un “golpe de timón” en materia de políticas laborales permitió que se consolidara como una característica estructural, afectando especialmente a los jóvenes y a los trabajadores por cuenta propia. Entre estos grupos, seis de cada diez trabajadores se desempeñan en la informalidad, sin acceso a derechos laborales ni cobertura de seguridad social.
Lejos de corregirse, esta tendencia se ha intensificado en la última década. Entre 2014 y 2024, el empleo total creció un 20%, incorporando 3,6 millones de trabajadores. Sin embargo, detrás de este dato se oculta una realidad preocupante, el empleo asalariado privado registrado (el segmento más sólido y protegido) se mantuvo prácticamente estancado en torno a los 6,2 millones de puestos.
El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por un aumento del 40% la cantidad de monotributistas, una modalidad que, si bien ofrece cierta formalización fiscal, muchas veces funciona como vínculos laborales encubiertos, y por un 18% en el empleo público. A su vez, buena parte de los nuevos ocupados se insertaron en la informalidad.
Así, la expansión del empleo se apoyó en formatos precarios o insostenibles, sin revertir la debilidad estructural del mercado laboral, es decir, la incapacidad de generar empleo privado formal, de calidad y a escala.
Durante la actual gestión de gobierno, el número de inscriptos en el monotributo social cayó un 60% debido a la reconversión del programa Potenciar Trabajo, que eliminó a los intermediarios y cambió la forma de canalizar los beneficios. Como resultado, muchos beneficiarios dejaron de estar registrados bajo esta figura.
En paralelo, la informalidad laboral no mostró mejoras. Dentro de este universo, los asalariados no registrados representan el 63%, mientras que el resto corresponde a cuentapropistas informales. Esta persistente informalidad no solo limita el acceso a derechos laborales básicos, sino que también debilita el financiamiento del sistema de seguridad social, comprometiendo su sostenibilidad futura.
Además, esta situación no es homogénea a nivel territorial. La informalidad presenta enormes brechas entre provincias. Mientras en algunas zonas alcanza al 20% de los ocupados, en otras supera el 60%. Estas diferencias responden, en gran medida, a la estructura productiva regional y a los niveles salariales, que condicionan las posibilidades de acceso al empleo formal.
Estas diferencias territoriales refuerzan la necesidad de evitar un enfoque uniforme en cualquier propuesta de reforma laboral. Es indispensable reconocer las realidades locales, donde los niveles salariales, las estructuras productivas y las condiciones de empleo varían enormemente. Pensar en un mercado laboral más inclusivo y dinámico requiere políticas que tengan en cuenta esta diversidad.
Este fenómeno tiene efectos directos sobre los trabajadores fuera del sistema formal, ya que carecen de acceso a salud, jubilación y otros derechos fundamentales, lo que los hace más vulnerables. La falta de estabilidad laboral, por otro lado, se traduce en baja productividad, alta rotación y salarios más bajos. Además, todo esto debilita el financiamiento del sistema de seguridad social y profundiza los desequilibrios fiscales de largo plazo, impidiendo que el país avance hacia un desarrollo económico sostenible.
Salir a flote requiere mucho más que medidas de estímulo coyunturales. Es imprescindible un cambio de rumbo decidido que contemple una reforma laboral integral. Reforma que debería simplificar los regímenes de contratación para facilitar la formalización, fomentar la negociación colectiva a nivel de empresa o sector para adecuar las condiciones laborales a las realidades productivas, y reducir la litigiosidad laboral que hoy encarece el empleo formal.
También resulta esencial revisar el sistema tributario sobre el trabajo, aliviando especialmente las cargas sociales que pesan sobre los primeros tramos salariales y que desalientan la creación de empleo registrado.
Sin un consenso político que permita avanzar en esta dirección, Argentina seguirá atrapada en un mercado laboral fragmentado y desigual, donde el crecimiento del empleo no se traduce en mejores condiciones ni en mayor protección para los trabajadores.
* Investigadora responsable Área de Empleo y Política Social del Ieral de la Fundación Mediterránea.