Por Mariangel Márquez
Cada 24 de marzo Argentina asiste a una liturgia política cuidadosamente guionada. Banderas, consignas repetidas hasta el cansancio, discursos cargados de indignación selectiva y una narrativa única que se presenta como verdad indiscutible. No es un ejercicio de memoria: es una ceremonia de propaganda.
Toda sociedad necesita recordar su pasado, pero la memoria colectiva puede adoptar dos formas muy distintas: puede ser una búsqueda honesta de comprensión histórica o puede convertirse en un instrumento de legitimación ideológica. Cuando la memoria deja de admitir preguntas y sólo permite repetir consignas, deja de ser memoria para transformarse en dogma.
Durante décadas se ha construido un relato oficial sobre los años setenta que funciona con la lógica de un guion infantil: villanos absolutos de un lado y víctimas puras del otro. En esa versión simplificada de la historia, la violencia comienza mágicamente el 24 de marzo de 1976, como si la Argentina previa hubiera sido una pacífica república alterada de pronto por una junta militar surgida del vacío. Pero la historia real es mucho menos cómoda.
Antes del golpe ya había bombas en restaurantes, secuestros de empresarios, asesinatos de militares, policías y civiles, ataques a cuarteles, extorsiones, tribunales revolucionarios clandestinos y organizaciones armadas que proclamaban sin pudor su objetivo de instaurar un régimen socialista por medio de la violencia. No eran grupos culturales ni militantes románticos: eran aparatos guerrilleros con estructura militar y estrategia insurreccional. Ese capítulo de la historia es sistemáticamente borrado por los profesionales de la memoria selectiva.
¿Por qué? Porque reconocerlo dinamita el mito fundacional sobre el que se edificó la industria política del 24 de marzo. Si se admite que existió una guerra revolucionaria, se cae la caricatura del país idílico agredido súbitamente por militares perversos. Y si se cae esa caricatura, también se derrumba el monopolio moral que ciertos sectores han construido durante décadas.
La dictadura cometió crímenes gravísimos. Nadie serio lo niega. El terrorismo de Estado, la represión ilegal y las desapariciones son hechos documentados y condenables. Pero convertir esa tragedia en un instrumento de manipulación histórica es otra forma de degradar la memoria. La memoria no debería ser un tribunal que juzga selectivamente el pasado según conveniencias ideológicas. Su función es comprender la complejidad de la historia, no reducirla a un relato moral cómodo para el presente.
Lo que resulta inaceptable es la operación intelectual que pretende borrar la violencia guerrillera de la ecuación histórica. Se habla de víctimas, pero sólo de algunas. Se exige memoria, pero sólo sobre una parte del pasado. Se reclama justicia, pero únicamente cuando la violencia proviene de un actor específico. Eso no es memoria. Es propaganda.
El 24 de marzo se ha transformado en una plataforma ideológica desde la cual se intenta fijar una interpretación obligatoria de la historia. Cualquier intento de cuestionarla es rápidamente etiquetado con epítetos automáticos: negacionista, reaccionario, apologista. La discusión histórica se reemplaza por la descalificación moral. Esa reacción revela algo evidente: el relato dominante no se sostiene bien cuando se lo somete al examen completo de los hechos. La historia de los años setenta no fue un cuento moral para escolares. Fue un conflicto político brutal donde distintos actores recurrieron a la violencia con objetivos incompatibles. Pretender que una parte de esa violencia nunca existió no es un error académico: es una decisión política. Y esa decisión ha permitido construir una cultura de la memoria que funciona más como un aparato de militancia que como una búsqueda honesta de verdad histórica.
Una sociedad madura no necesita relatos sagrados ni fechas convertidas en actos de fe ideológica. Necesita memoria completa. Memoria incómoda. Memoria que no dependa de quién empuñaba el arma para decidir si el hecho merece ser recordado. Porque cuando la memoria se convierte en un relato obligatorio, deja de servir a la verdad y empieza a servir al poder.
Mientras el 24 de marzo siga siendo utilizado como una herramienta de propaganda y no como un espacio de reflexión histórica integral, lo que se estará defendiendo no será la memoria: será el relato.