Enero cerró con una polémica entre Javier Milei y Paolo Rocca por una licitación que el empresario perdió. Febrero se abrió con la reactivación de la causa “de los cuadernos” en la que están involucrado no sólo políticos (con CFK en primera fila), sino también poderosos hombres de negocios de la construcción bajo acusación de pagar coimas.
Ambos casos no configuran hechos aislados, ni casuales. Son una de las tantas pruebas de que hay una relación simbiótica entre regulaciones económicas manejadas discrecionalmente por los políticos y la malversación de fondos estatales.
Además de una lacra moral, la corrupción es un hecho prácticamente inevitable en mercados donde no hay competencia real y el poder de decisión de los políticos define el destino del dinero. Desde el Ejecutivo controlan la administración pública, desde el Legislativo redactan las leyes y, para rematar, nombran a los jueces que las aplican. O no.
Como sentenció lord Acton el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso quienes más poder tuvieron (y lo perdieron) son los que hoy se sientan en el banquillo de los acusados. Se espera que los sigan sus copartícipes necesarios hasta hace poco casi anónimos para el grueso de la sociedad.
Hay una polémica en torno a la intervención del Estado en la economía que camufla el problema real. Nada tienen que ver ni Keynes, ni la escuela austríaca en esto, porque no es una cuestión teórica. Se juegan centenares de millones de dólares y, en el daño que le ha hecho la corrupción sistémica a la Argentina, está en gran medida la raíz de su decadencia.
El Presidente suele pelearse con quienes lo contradicen y tiene fácil el maltrato. En el caso de la licitación perdida por Techint le apuntó a su titular, pero terminó impactando en prácticamente todo el establishment. Nadie defendió a Rocca (salvo, obviamente, la UIA), pero tampoco nadie desmintió a Milei. Tampoco a nadie le extrañó que Techint presentase posteriormente una oferta mucho menor a la inicial con la pretensión de que la licitación se reabriera. Una naturalización de la estafa.
Nadie, además, desmintió a Milei, porque la corrupción, sus canales y su funcionamiento nunca constituyeron un misterio. El problema es que tiene varias capas. Primero hay que desactivar las regulaciones que la hacen posible y después respaldar a los jueces dispuestos a condenar a los culpables.
Las denuncias mediáticas o el “periodismo de investigación” son las más de las veces operaciones. De allí su poca eficacia. Lo efectivo sería abrir un debate público en que el asunto sea el combate de la corrupción no su utilización como arma electoral.
Un papel de gran peso en la mitigación del problema le corresponde a la Iglesia que debería ejercer el magisterio moral que tiene sobre una buena parte de la sociedad, denunciando a quienes roban impunemente el dinero de todos. En ese sentido no es bueno para su imagen que lleven bolsos a conventos.