Por Pablo Arancedo
“Yo les di poder, ricos los hicieron otros”. Se atribuye esta frase al último Juan Perón, el que a los 78 años regresó al país para ganar por tercera vez la presidencia, luego de un exilio larguísimo. Se refería a los sindicalistas, a quienes siempre reservó un rol clave en su movimiento aunque subordinado a su liderazgo, que, según su manual, conciliaba y conducía los intereses de una alianza heterogénea, policlasista.
Por eso, en sus dos primeras presidencias, cuando tuvo casi todo el poder, nunca accedió a una sentida ambición de los gremios: la administración de las obras sociales, que ya existían, pero formaban un conglomerado muy diverso. ¿Por qué no quiso? Para impedir precisamente que la columna vertebral de su movimiento accediera a una montaña de dinero que incentivara sus deseos y sus posibilidades de autonomía política.
Ocurrió que Perón fue derrocado en 1955 y que los gremios se fueron convirtiendo en la última trinchera del peronismo.
Fueron dieciocho años en los que, además, los sindicatos tuvieron que tratar cotidianamente con los gobiernos civiles y militares que mantenían proscripto a Perón, pero tenían la llave para solucionar las demandas concretas que interesaban a los trabajadores, es decir a sus bases.
Esa relación con los ocupantes de los roles de poder incentivó el natural pragmatismo de la mayoría de los sindicalistas, que fueron generando la idea de “un peronismo sin Perón”, una suerte de laborismo criollo, cuyo máximo exponente fue el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, El Lobo. Es que muchos, dentro y fuera del gremialismo, se habían convencido de que Perón no volvería nunca más.
Vandor fue asesinado el 30 de junio de 1969; al poco tiempo, el general Juan Carlos Onganía firmó el decreto ley 18.610, que reorganizó el sistema de las obras sociales y estableció que serían financiadas por los aportes de trabajadores y empleadores y administradas por los gremios.
Onganía, que encabezaba una dictadura llamada Revolución Argentina, cambió esa ley por una promesa de paz social de los sindicatos.
Los defensores del sistema de obras sociales argumentan que la salud de los trabajadores y sus familias está muy bien atendida, a diferencia, sostienen, de lo que ocurre en otros países.
En otro plano, la decisión de Onganía explica la frase atribuida a Perón: los sindicatos pasaron a manejar mucho más dinero y los sindicalistas, en general, se enriquecieron.
No todos: la viuda de Vandor tuvo que salir a trabajar, al igual que la viuda de José Ignacio Rucci, asesinado en 1973, también metalúrgico pero que, a diferencia del Lobo, no creía en un “peronismo sin Perón”.
Pero son muchos los sindicalistas que ostentan un nivel de vida muy superior al de sus afiliados. Viven como ricos y, además, a varios les encanta mostrarlo. Hay quienes se enojan cuando a algún periodista se le ocurre mencionar una verdad tan evidente; pretenden demasiado y no comprenden las razones de su mala imagen.
El dinero de las obras sociales les dio mayor poder político, dentro y fuera del peronismo; también más influencia en las decisiones de los sucesivos gobiernos. Y dio lugar a una reformulación de la figura tradicional del sindicalista, que ahora dedica buena parte de su tarea a diversos negocios en los que participa, como el CEO de una empresa.
Si en los años noventa se les abrió la puerta en las privatizaciones, con el kirchnerismo también encontraron nuevos nichos, algunos por su cercanía al poder de turno para compartir la política del subsidio al transporte y energía.
Es un falla estructural del sistema que los sindicatos manejen los fondos públicos en sus obras sociales. El Estado nacional podría modificar el decreto de Onganía y recuperar la administración de esos fondos para financiar el sistema de salud público.
Durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, luego del Cordobazo, se le dio un marco jurídico al complejo régimen de las obras sociales bajo la ley 18.610. Con el paso del tiempo, esa normativa quedó absorbida por leyes 23.660 y 23.661 promulgadas durante la época de Raúl Alfonsín.
Más adelante, se crearon, en este orden, los contribuyentes/aportantes de regímenes especiales como son los monotributistas (hoy, 1.300.000), las empleadas domésticas (500.000) y finalmente los monotributistas sociales (430.000).
Los argentinos inscriptos en los dos primeros rubros aportan $ 419 al sistema de Obra Social (no importa la categoría, todos aportan lo mismo generando inequidad entre los que menos facturan y los que más lo hacen; situación que se podría cambiar modificando la ley), mientras que los “monotributistas sociales” (los que trabajan en cooperativas, por caso) sólo pagan el 50% de ese importe, mientras que la otra mitad la financia el Estado.
En 2025 se registran 1.346 sindicatos en Argentina. Los más poderosos son los siguientes:
* Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernandez.
* Unión Ferroviaria, Sergio Sasia.
* La Fraternidad, Omar Maturano.
* Camioneros, Hugo Moyano.
* Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.
* UOCRA, Gerardo Martinez.
Esos gremios tienen cantidad de afiliados, ingresos y capacidad de presión; administran en conjunto más de 685 millones de dólares al año en aportes sindicales obligatorios.
Los sindicatos tienen reelección indefinida, ergo sus secretarios generales se mantienen desde hace más de 30 años en sus respectivos cargos.
La reelección indefinida impide la alternancia en el poder que implica la democracia máxime que los sindicatos administran fondos públicos que financian sus obras sociales.
Día a día la nomina salarial formal languidece mientras que los sindicalistas son ricos y esa cuestión no los conmueve, están anestesiados.
Los gobiernos populistas no están dispuesto a realizar cambios estructurales: baja de impuestos, reducción del Estado, venta de las empresas públicas, reforma laboral y reforma tributaria. Pero ese no hacer, tiene también consecuencias.
Argentina no recibe inversiones, tiene más desempleo, inflación y más inseguridad jurídica, es un circulo vicioso que alguien debía detener.