Acabamos de asistir a una nueva prueba de la profunda crisis de la anestesiología, en circunstancias que exceden el uso privado de sustancias propias de la especialidad, que están siendo investigadas bajo el Derecho Penal.
Cabe entonces recordar que se trata de un episodio dentro de un problema mucho más amplio y antiguo, con plena vigencia en distintas gestiones de gobierno. Al punto que en 2010 propuse a la Senadora Rosa Díaz un Proyecto de Ley que declaraba la Emergencia Nacional en Anestesiología.
Fue presentado en el Senado de la Nación como Proyecto de Ley S 891-10 para una Política de Estado en Anestesiología, con 34 artículos de fondo y 1 de forma.
Alcanzaba a todos los subsectores de salud, tanto público como privado y de la seguridad social.
Entre otras cuestiones básicas, establecía:
*Replanteo de la cantidad de anestesiólogos con criterios de regionalización, y adecuaciones en la formación, distribución, ejercicio, condiciones y medio ambiente de trabajo, ingreso y salida laboral, y régimen previsional
*Recuperación de la matriculación por el Estado allí donde hubiere sido delegada en asociaciones de anestesiólogos
*Formación anestesiológica brindada o supervisada en su totalidad por universidades, con participación subordinada de las Asociaciones Profesionales
*Opciones de regularización de la dependencia laboral del personal de anestesiología, con prohibición durante 10 años de los despidos sin justa causa
*Eliminación del régimen monopólico de las asociaciones profesionales en la intermediación de los contratos de la especialidad en Obras Sociales y Prepagas
*Estudio en cada jurisdicción del desgaste laboral en el ejercicio de la Anestesiología y cesación de las causales que resulten incriminadas, como superposición de pacientes anestesiados, exceso de horas de trabajo y otras
Si bien las Asociaciones jurisdiccionales y la Federación a nivel nacional que agrupa a los anestesiólogos, centraron sus reclamos en mayores aranceles y salarios, francamente diferenciales con el resto del cuerpo médico, también argumentaron falencias del sistema de salud en sus contratos, así como en la capacitación, investigación, instrumentación de las Carreras hospitalarias, realización de Concursos, equipamiento y condiciones y medio ambiente de trabajo, y otras deficiencias que producen estrés y otros riesgos para la salud de los anestesiólogos y la de sus asistidos. Tanto que, en 1975, la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología conformó una Comisión Permanente que clasificó los Riesgos Profesionales del Anestesiólogo.
En base a estas múltiples y complejas miradas, el Proyecto de Ley hacía un amplio reconocimiento de la crisis de la anestesiología, bajo una responsabilidad compartida entre el gobierno y las asociaciones profesionales de la especialidad que concentraban recursos de negociación como ninguna otra rama de la medicina, aprovechando los amplios canales de corrupción estatal. Así, entre sus Fundamentos, el Proyecto de Ley refería “que, si bien hubo excesos en la ética de los especialistas cuando privilegiaron su corporativismo sobre el bien común, no son menos ciertas las faltas de rectoría estatal en su rol regulador del tema que nos ocupa”. Completando este concepto, decía que el Proyecto de Ley que declaraba la Emergencia Nacional en Anestesiología, “debía garantizar condiciones y medio ambiente de trabajo dignos a los especialistas, al mismo tiempo que priorizar el bien común, impidiendo que los particularismos, aún legítimos, contradigan o desestimen derechos de la población a la vida y a la salud”.
El Proyecto de Ley nunca fue tratado.