Una fábrica de films plásticos de Quilmes denunció a Edesur por aumentos “irracionales” en los cargos eléctricos y logró una medida cautelar que impide la interrupción del suministro mientras se resuelve el conflicto judicial.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Antonio Armella, ordenó a la distribuidora Edesur que se abstenga de interrumpir, suspender o restringir el suministro eléctrico a la fábrica de films plásticos Protefilm.
La medida cautelar rige por un plazo de respuesta de dos días y se mantendrá hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la validez de los cobros, previa presentación de una caución juratoria por parte de la firma.
La demanda fue iniciada por la pyme tras recibir facturas por un monto acumulado superior a los $174 millones, de los cuales $91.956.961,49 son correspondientes a agosto y $82.959.743,90 tiene vencimiento en septiembre.
Para evitar la suspensión del servicio tras la boleta de agosto, la compañía debió recurrir a la contratación de un préstamo bancario de $100 millones. Ante este escenario, la empresa solicitó la nulidad de ambos comprobantes y el reintegro de las sumas abonadas.
Al argumentar su posición, aseguró que “la electricidad constituye un insumo indispensable para su actividad industrial” y advirtió que “la continuidad de la producción depende directamente de contar con el suministro energético”.
En su presentación, la firma sostuvo que el incremento tarifario compromete seriamente su continuidad operativa, lo que pondría en riesgo la continuidad de 70 puestos de trabajo y aseguró que afecta derechos constitucionales como la propiedad, la razonabilidad y la libertad de ejercer una actividad lícita.
Protefilm planteó que las subas desmedidas respondieron principalmente a los ítems ACPOT (Ajuste por Servicio de Potencia) y CESTAB (Cargo o Ajuste por Costo de Energía Consumida) del Mercado Eléctrico Mayorista.
Dichos conceptos registraron incrementos de entre el 150% y más del 300% en relación con períodos anteriores, igualando o superando en algunos casos el costo de la energía efectivamente consumida. Asimismo, la firma denunció la falta de documentación detallada por parte de Edesur y Cammesa sobre los parámetros aplicados para el cálculo de los importes.
Al resolver la medida, el magistrado consideró acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, señalando que los montos exigidos ponían en riesgo el patrimonio y el capital de trabajo de la firma. El juez advirtió que intimar al pago bajo amenaza de corte podía empujar a la empresa a un estado de cesación de pagos, concurso preventivo o quiebra.
Tras el fallo, el abogado de la pyme, Marcelo Szelagowski, sostuvo que la decisión judicial reconoce la relevancia del insumo energético en la estructura industrial y alertó que “bajo el argumento de una supuesta liberalización del mercado, se trasladan directamente a la industria los costos derivados de los problemas y desequilibrios del sistema energético, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosas empresas”.