Madrid, El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid volvió a rechazar este miércoles el desalojo el acampe que se prolonga ya por undécimo día en la Puerta del Sol, al desestimar las medidas cautelares solicitadas por el gobierno capitalino, que pretendía que la Justicia forzara a la Administración central a disolver la protesta.
En un auto adoptado hoy, el TSJ rechaza las medidas cautelares, como también hizo con las medidas cautelarísimas pedidas por la Comunidad de Madrid, sin entrar en el fondo del recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo madrileño.
Los magistrados tomaron la decisión tras recibir las alegaciones presentadas por la Delegación de Gobierno, que se opone a disolver la acampada con el argumento de que ordenar su levantamiento puede acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana.
Los jueces rechazan la medida cautelar porque consideran que no se ha acreditado la inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno y apuntan a que en este tipo de casos se debe esperar un plazo de tres meses para interponer recurso por inactividad.
La resolución adoptada por el TSJ aleja el desalojo forzoso del acampade de la Puerta del Sol, que comenzó el 26 de septiembre tras la manifestación por el derecho a la vivienda que siguió al desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años.
La Comunidad de Madrid acudió a la Justicia una vez que la Delegación del Gobierno rechazó su requerimiento para desalojar la acampada en un plazo de 48 horas.
El Ejecutivo madrileño sostiene que la acampada es una
"ilegal ocupación del espacio público" que genera perjuicios al turismo y al comercio y que no cuenta con condiciones de higiene, y acusa a la Delegación del Gobierno de no haber actuado para proteger la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, de daños en la fachada, ni la emblemática estatua del Oso y el Madroño.
La Delegación del Gobierno central, además de aludir a motivos de seguridad, señala que, aunque la acampada no estuvo precedida por una comunicación formal específica previa, ello no anula que se trate de un acto enmarcable en el ámbito del derecho fundamental de reunión y manifestación.
La Comunidad de Madrid está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de reposición, según trasladaron a EFE fuentes del Ejecutivo madrileño. Tiene para hacerlo un plazo de 5 días y debería constituir previamente un depósito para interponerlo.