La Corte Suprema de los Estados Unidos le pedirá opinión al Departamento de Estado antes de decidir si el juicio si el juicio contra YPF sigue en ese país o se realizará en la Argentina.
Se trata del proceso por la estatización de la petrolera en 2012, que podría implicar un pago por parte del Estado argentino de unos u$s3.000 millones a fondos buitre que compraron derechos de litigio hace algunos años y que ahora buscan indemnización por esa operación realizada por la administración de Cristina Kirchner.