La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a dos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego de que dejaran sin efecto la cautelar que frenaba parte de la reforma laboral y reactivaran la vigencia de la norma. En su presentación, la central sindical solicitó además la “nulidad absoluta” del fallo por considerar que fue dictado con “manifiestos yerros” y sin la debida imparcialidad.
El planteo apunta contra los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala que resolvió levantar la medida cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma. La CGT los recusó “con causa” por entender que incurrieron en “prejuzgamiento”, al adelantar opinión sobre el fondo del asunto en una instancia preliminar.
Según el escrito, los magistrados sostuvieron que la reforma no afecta a “sectores socialmente vulnerables” ni compromete “la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos”. Para la central obrera, estas afirmaciones constituyen una toma de posición anticipada que condiciona el proceso y desconoce la naturaleza alimentaria de los derechos laborales.
En paralelo, la CGT dirigió cuestionamientos particulares contra Pesino. Señaló que el juez habría “favorecido la posición de la demandada”, en alusión al Estado nacional, y advirtió sobre un supuesto beneficio personal: un pedido ante el Consejo de la Magistratura para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, tal como lo establece la Constitución reformada en 1994.
El gremialismo calificó esa situación como “una conducta contraria a la ética” y sostuvo que configura una causal objetiva de apartamiento. “Obtener un beneficio mayúsculo como continuar en el ejercicio de la función judicial por cinco años” en simultáneo con un fallo favorable al Gobierno, plantearon, pone en duda la independencia del magistrado.
El documento también fue especialmente crítico con la actuación del Estado. La CGT consideró “descalificable” que se impulse la continuidad de un juez que “acaba de fallar a favor de la posición oficial”, y advirtió sobre un esquema de “beneficios mutuos” que, a su entender, erosiona la credibilidad institucional.
“Es la razón desprovista de moral”, afirma el texto, que describe una situación en la que la sociedad “asiste, sin mediaciones, a la demolición de la división de poderes y la credibilidad en el Estado de Derecho”.
Finalmente, la central obrera expresó su “desazón” frente a lo que considera una mirada restrictiva de los derechos laborales por parte de jueces especializados en la materia. En ese sentido, cuestionó que se niegue la condición de vulnerabilidad de los trabajadores en relación de dependencia y se minimice el impacto de la reforma sobre sus condiciones de vida.