La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción judicial para intentar frenar la reforma laboral aprobada por el Congreso y que aún aguarda su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. La central sindical pidió que la norma sea declarada inconstitucional al considerar que vulnera derechos garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El planteo fue presentado ante el mismo juez que, a comienzos de 2024, había suspendido parte del decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei. El recurso lleva la firma del triunvirato que conduce la CGT y de los principales dirigentes de los sindicatos que integran la central.
La presentación formal se produjo días después de una movilización hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde representantes de la CGT anunciaron su decisión de recurrir a la Justicia. Allí, uno de los cosecretarios generales de la central, Jorge Sola, explicó los motivos del reclamo.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó el dirigente al hablar con la prensa.
En un comunicado difundido tras la presentación, la CGT sostuvo que la reforma laboral aprobada por el Senado afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra derechos fundamentales de los trabajadores. Además, argumentó que la norma contradice principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el Pacto de San José de Costa Rica, ambos con jerarquía constitucional en la Argentina.
“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales que violan expresamente principios constitucionales”, advirtió la central obrera.
Uno de los principales argumentos del planteo judicial es la supuesta vulneración del principio de progresividad o no regresión en materia laboral, que impide que el Estado adopte medidas que impliquen un retroceso injustificado en derechos previamente reconocidos.
Según la CGT, la reforma también afecta el denominado principio protectorio del derecho laboral, que reconoce la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores y busca equilibrar esa relación mediante garantías legales.
En ese sentido, el escrito judicial advierte que la nueva normativa impacta sobre derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, la negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho de huelga y el acceso a la seguridad social.
La central sindical también cuestionó aspectos específicos del nuevo régimen laboral. Entre ellos, mencionó la posibilidad de establecer jornadas de trabajo de hasta 12 horas, lo que —según advierte— implicaría en la práctica el fin de las horas extras y una eventual reducción de los salarios.
Además, objetó la eliminación de sanciones para empleadores que no hayan realizado aportes o que hayan incumplido la legislación laboral vigente.
Otro de los puntos criticados es la posibilidad de que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas o mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo previsto en la reforma.
Con esta presentación, la CGT busca que la Justicia suspenda la aplicación de la ley antes de su entrada en vigencia y abra un debate judicial sobre la constitucionalidad de los cambios en el régimen laboral.
El conflicto abre así un nuevo frente entre el movimiento sindical y el Gobierno nacional, en medio de una discusión que promete trasladarse tanto al ámbito político como al judicial.