El año que viene se sabrá si Javier Milei es reelecto presidente. Es razonable pensar que puede repetirse la incertidumbre previa a las elecciones de octubre pasado. Incluso, en una medida mayor, porque si por un lado se habrá avanzado más en la construcción de una economía más abierta y competitiva, por otro, lo que se pone en juego es la continuidad misma del proyecto de la libertad.
La única manera de sostener a largo plazo gobiernos coherentes con las ideas de la libertad es aumentar la demanda de ese tipo de políticas por parte de la población.
Eso solo puede hacerse “educando al soberano”. Esa tarea corresponde al sector privado, apoyando a entidades afines para organizar eventos, tener presencia en medios, sostener campañas en redes sociales y hacer podcasts, videos y publicaciones que difundan estas ideas.
Mientras tanto, desde ahora hasta octubre de 2027, el Gobierno podría hacer cosas que limiten la capacidad de daño de un eventual próximo presidente que no sea Milei.
Por ejemplo, podría aprobarse una ley para rebajar un punto porcentual por año el Impuesto a las Ganancias de las empresas, desde 2027 inclusive, hasta dejarlo en 15% para todos los niveles de beneficios netos.
Otra ley podría prohibir que suban las retenciones a las exportaciones (es decir, solo podrían bajar, hasta eliminarse).
Otra podría prever una rebaja escalonada del IVA sobre las tasas de interés, hasta su supresión. Toda ley puede derogarse; pero cuantas más leyes de este tipo se aprueben, más difícil será derogarlas todas a la vez y en poco tiempo.
Otra forma de limitar la capacidad de daño de un eventual presidente contrario a las ideas de la libertad sería designar en la Corte Suprema de Justicia el juez que falta, además de conseguir el acuerdo del Senado para hacer definitiva la permanencia de García Mansilla en el Alto Tribunal.
También podría reformarse la Carta Orgánica del Banco Central, no solo para hacerlo independiente del poder político, sino para prohibir explícitamente la posibilidad de que financie al Tesoro. Además, se podría establecer una duración de, por caso, diez años para su presidente y vicepresidente.
Así, si Santiago Bausili (o la persona que decidiera el Ejecutivo) fuera designado con esas reglas, nos aseguraríamos un horizonte largo de una política monetaria no inflacionista.
La idea es intentar replicar la experiencia peruana, donde la permanencia del presidente del Banco de Reserva del Perú, Julio Velarde, evitó que la inestabilidad política (once presidentes de la República en 19 años), se tradujera en incertidumbre y costos económicos.
No hace falta inventar nada: con adaptar las normas peruanas al caso argentino sería suficiente.
Por supuesto, aún queda la medida con mayor impacto potencial contra eventuales futuros aventureros, keynesianos y derrochadores: la dolarización.
Una posibilidad light, para la que no cabría oponer ninguna cuestión de constitucionalidad, sería terminar de eliminar el curso forzoso del peso para que la gente pudiera ejercer plenamente su libertad para elegir la moneda en la que realiza todos sus pagos, incluyendo el de impuestos.
Hay varias alternativas para acelerar la dolarización, incluso sin necesidad de canjear todos los pesos en circulación por dólares (seguirían circulando como “vales” por dólares, al valor que surja de una tasa irrevocable de equivalencia).
El BCRA podría seguir comprando dólares hasta que sus reservas dejen de ser negativas, incluyendo los dólares suficientes para reemplazar el swap de monedas con China. Escribí al respecto en estas páginas (1).
«Quien sabe resolver las dificultades las resuelve antes de que surjan. El que se destaca en derrotar a sus enemigos triunfa antes de que se materialicen sus amenazas», escribió Sun Tzu hace unos 2.500 años. Convendría tenerlo presente.