La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado a raíz del desvío de 42 millones de dólares por parte de TourProdEnter LLC, en el que “manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia institución, su presidente Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino”.
“La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”, indica el texto.
En línea con la denuncia de una “campaña de difamación”, la AFA apuntó al empresario Guillermo Tofoni y señaló a funcionarios del Gobierno Nacional: “Con la anuencia del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.
“Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC. De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho”, agregó el comunicado.
Por último, la AFA “invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares. La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.