Por primera vez desde 1967, el gobierno israelí aprobó la apertura del proceso de registro de tierras en Cisjordania como "propiedad del estado".
La emisora pública KAN informó que la importancia de la decisión radica en allanar el camino para la regularización de las explotaciones agrícolas y, en esencia, dar "un paso más hacia la anexión".
La Presidencia palestina respondió de inmediato con un comunicado advirtiendo sobre las graves consecuencias de la decisión de permitir que las tierras de Cisjordania se declaren propiedad estatal, calificando la medida de "grave escalada y una clara violación del derecho internacional".
Según KAN, la propuesta fue presentada por el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz. "Continuamos la revolución de los asentamientos para controlar todas nuestras tierras", declaró Smotrich.
La mayor parte de las tierras palestinas no están registradas formalmente debido a que es un proceso largo y complejo que Israel detuvo en 1967. El registro de tierras establece la propiedad permanente. El derecho internacional establece que una potencia ocupante no puede confiscar tierras en los territorios ocupados.
La Presidencia palestina criticó duramente la decisión del gobierno israelí, calificándola de "grave escalada" y afirmando que la medida israelí anula efectivamente los acuerdos firmados y contradice claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según informó la agencia de noticias WAFA.
Katz describió la medida como una "medida esencial de seguridad y gobernanza diseñada para garantizar el control, la aplicación de la ley y la plena libertad de acción del Estado de Israel en la zona", informó el periódico Jerusalem Post.
La semana pasada, el Gabinete de Seguridad israelí aprobó medidas promovidas por Smotrich y Katz que facilitan aún más la confiscación ilegal de tierras palestinas en la Cisjordania ocupada.
El grupo palestino Hamás condenó la decisión, calificándola de intento de "robar y judaizar tierras en la Cisjordania ocupada registrándolas como las llamadas 'tierras estatales'".
En un comunicado, calificó la aprobación como "una decisión nula y sin valor emitida por una potencia ocupante ilegítima".
"Es un intento de imponer por la fuerza los asentamientos y la judaización sobre el terreno, en flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU", añadió Hamás.
Los analistas internacionales describen la medida como una anexión de facto del territorio palestino, advirtiendo que transformará profundamente su panorama civil y legal al eliminar lo que los ministros israelíes denominaron antiguos "obstáculos legales" a la expansión de los asentamientos ilegales en la zona.
Desde Ramala, el analista político Xavier Abu Eid declaró a la cadena árabe Al Jazeera que Israel está "convirtiendo la anexión en una especie de maniobra burocrática". Añadió que la Corte Internacional de Justicia dictaminó en 2024 que las acciones israelíes equivalen a la anexión de la Cisjordania ocupada.
"La gente debe entender que esto no es solo un paso hacia la anexión; estamos viviendo la anexión en este preciso momento.
Lo que el gobierno israelí está haciendo es implantar su programa político, una política que ya ha sido presentada", afirmó el experto (ANSA).