El fiscal Franco Picardi investiga maniobras y presuntas coimas realizadas en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permitía a empresarios acceder a un dólar oficial más barato entre 2022 y 2023, durante el Gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía.
Según informaron fuentes judiciales, el fiscal tendría identificadas maniobras de por lo menos cuatro empresarios que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar accediendo a un dólar oficial mucho más barato, para aumentar ficticiamente las ganancias de cada importación.
Las mismas fuentes señalaron que, en el marco de esta causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y tiene secreto de sumario hasta hoy, se habría logrado hasta ahora imputar a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central, que supervisaban las operaciones del SIRA, un sistema dejado sin efecto por el actual Gobierno en diciembre de 2023.
El SIRA era un mecanismo electrónico de control y autorización de importaciones implementado en octubre de 2022 para gestionar la escasez de dólares, y en la práctica funcionaba como barrera para registrar flujos comerciales y aprobar el acceso al mercado de cambios que controlaba el Banco Central.
LOS IMPUTADOS
Entre otras medidas conocidas, Picardi pidió “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas.
Además, ordenó la realización de unos 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los imputados, como los funcionarios del BCRA Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, y dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
El fiscal habría detectado que los empresarios involucrados habrían aceptado pagar porcentajes de entre 10 y 15 por ciento y los montos de las operaciones superarían 3,5 millones de dólares, para acceder a operaciones a valor del dólar oficial de aquella época, que tenía una brecha de hasta un 100 por ciento de diferencia con el que se obtenía en el circuito informal.
El tema es desde hace más de dos años un verdadero tabú de la política: resulta casi nulo lo que ha avanzado la Justicia para detectar irregularidades en este sistema pese a los comentarios de empresarios y despachantes de Aduana que dan cuenta de la existencia de esas maniobras y hasta de dos pedidos de informe que hizo en su momento, sin éxito, la diputada Karina Banfi, sobre un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial.
El esquema, que evaluaba la capacidad económica y financiera de las empresas que requerían importar, dependía de varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio que conducía Matías Tombolini, todas dependencias en las que Massa tuvo en su momento una influencia decisiva.
La causa de las SIRA tuvo desde 2023 varias insinuaciones en la Justicia, pero, hasta ahora, no venía prosperando. Las primeras indagaciones fueron a fines de ese año, cuando las publicaciones periodísticas y un testimonio que llegó al despacho de un diputado de la Coalición Cívica dieron inicio a una causa contra seis funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido Tombolini, que de todos modos no prosperó: en diciembre de 2023, y luego de una breve investigación propia, el fiscal Eduardo Taiano pidió archivar el caso y el juez Julián Ercolini homologó el requerimiento y sobreseyó a los seis.