La situación judicial de Lázaro Báez volvió a complicarse tras ser imputado en una nueva causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La investigación apunta a determinar si el empresario dirigió desde prisión una red dedicada a explotar sus bienes, entre ellos los de Austral Agro S.A., pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre ellos.
La compañía ganadera también enfrenta una orden de liquidación dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 4 para cubrir las multas impagas de Báez y su hijo Martín en la causa conocida como "Ruta del dinero K".
Austral Agro fue constituida el 11 de octubre de 2007 por Báez y Fernando Javier Butti. Su objeto incluía actividades agrícolas y ganaderas, además de operaciones inmobiliarias.
Con el tiempo, la firma quedó bajo control de la familia Báez. El empresario pasó a concentrar el 70% de las acciones y su hijo Martín, el 30% restante.
En 2018, el TOF N° 4 dispuso su intervención judicial ante las dificultades para acceder a la documentación contable y patrimonial. La medida respondió a la "falta de colaboración y reticencia" atribuida a Leandro Báez, entonces apoderado de la sociedad.
UNA NUEVA INVESTIGACION
El fiscal federal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) imputaron a Báez y otras 16 personas en una investigación radicada en Río Gallegos.
La hipótesis judicial sostiene que el empresario, condenado a 15 años de prisión y alojado en Ezeiza, habría organizado una estructura para administrar y explotar bienes alcanzados por medidas judiciales. Las operaciones investigadas involucran 390,8 millones de pesos.
En el caso de Austral Agro, se sospecha que mantuvo el control de establecimientos rurales mediante personas de confianza, contratos de alquiler y acuerdos de explotación ganadera.
Paralelamente, el TOF N° 4 ordenó avanzar con la liquidación de las acciones de la empresa para cobrar las multas impuestas a Lázaro y Martín Báez, que ascienden a 329,2 millones y 274,3 millones de dólares, respectivamente.
La jueza Valeria Rico dispuso inscribir las acciones a nombre del Estado nacional y entregar el control operativo de la compañía a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).