Madrid- La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España se desarrolla en medio de diferencias entre los sindicatos y las empresas respecto del nivel de adhesión, con afectaciones en el transporte público, cortes de rutas por parte de trabajadores y al menos treinta detenidos durante incidentes con las fuerzas de seguridad.
Los principales sindicatos, CCOO y UGT, calificaron de «éxito» la medida de fuerza, convocada en rechazo al aumento del costo de la vivienda y para reclamar mejoras salariales frente al incremento del costo de vida.
Se trata de una protesta laboral «justa» y con un «amplio respaldo en buena parte del país», aseguraron las organizaciones sindicales, que señalaron que los mayores niveles de adhesión se registraron en los sectores industrial, logístico y del transporte.
En cambio, la principal entidad empresaria (CEOE) sostuvo que el acatamiento es «bajo» y que la mayoría de las actividades funcionan con «normalidad». Según sus datos, la adhesión alcanza el 10 % en Madrid y es menor en otras regiones, como Castilla-La Mancha (5 %) y la Comunidad Valenciana (2,6 %).
Los sindicatos indicaron que el nivel de adhesión varía según la región: alcanza un promedio del 41 % en zonas como Castilla-La Mancha y Extremadura, y supera el 80 % en otras, como Cataluña y Andalucía, de acuerdo con un comunicado.
CCOO también precisó que se sumó a la huelga el 60,8 % de los trabajadores del comercio y el 61,9 % de los empleados de hotelería y turismo.
Sin embargo, la entidad empresaria Hostelería de España informó que el acatamiento entre sus trabajadores fue «muy bajo» y que el sector funcionó con «gran normalidad», según sus datos provisorios.
En una jornada marcada por las fuertes lluvias en casi todo el país, la huelga afecta a distintos puertos, como el de Algeciras, en el sur de España, donde las terminales de contenedores permanecen paralizadas, según informaron fuentes portuarias. En tanto, varios sindicatos calificaron de «masivo» el paro en el puerto de Valencia, en el este del país.
Los puertos de Barcelona y Tarragona, en el noreste, fueron bloqueados por trabajadores, que también realizaron protestas frente a grandes mercados mayoristas, como Mercamadrid, y en los accesos a empresas públicas de transporte. Las manifestaciones dificultaron la salida de vehículos. Además, algunas fábricas automotrices interrumpieron su producción.
En el sector ferroviario, dejaron de circular el 24 % de los trenes de alta velocidad y larga distancia previstos, así como el 10,2 % de los servicios de cercanías y media distancia de la empresa estatal Renfe.
El tránsito vehicular se redujo un 13 % en Madrid, mientras que la cantidad de pasajeros en los colectivos urbanos públicos cayó un 63 % durante la hora pico de los desplazamientos hacia los lugares de trabajo, informó el Ayuntamiento de la ciudad.
En el sector aerocomercial, las compañías cancelaron 263 vuelos, lo que representa el 5,82 % de las 4.529 operaciones programadas para este miércoles, según datos provisorios.
El consumo eléctrico de España registró una caída máxima del 15,5 % entre las 10 y las 11 (hora local), en comparación con las previsiones del operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica.
Las primeras horas de la huelga estuvieron marcadas por algunos incidentes y operativos policiales contra trabajadores. Algunos manifestantes cortaron rutas de acceso a Madrid y Barcelona y se concentraron frente a grandes centros de distribución, instalaciones portuarias y empresas de transporte de cargas, con el objetivo de paralizar la actividad.
La mayor parte de los aproximadamente treinta detenidos durante estos incidentes se registró en el País Vasco (13) y Madrid (8), según datos oficiales.
Tanto los sindicatos como distintos partidos de izquierda cuestionaron el accionar policial contra dirigentes sindicales y trabajadores, y calificaron los procedimientos de «vergonzosos», «violentos» y «represivos». También denunciaron una actitud «hostil» por parte de las fuerzas de seguridad.
La huelga, impulsada por el autodenominado Sindicato de Inquilinas en reclamo de soluciones a la crisis habitacional, generó una fuerte polémica, entre otros motivos, porque fue convocada a menos de tres semanas de las elecciones generales.
Empresarios y sectores de la oposición conservadora y de ultraderecha consideran que la medida tiene un carácter «político» e incluso la califican de «ilegal».
El Gobierno español, integrado por una coalición de izquierda encabezada por el Partido Socialista (PSOE), pidió respeto por los trabajadores. Además, varios ministros expresaron abiertamente su apoyo a la huelga.
Criterio de adaptación: reemplacé expresiones propias del español de España, como «paro», «acatamiento» en algunos contextos y «autobuses», por términos más habituales en el periodismo argentino, como «huelga», «adhesión», «colectivos» y «rutas», sin perder el tono de agencia.