Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación y uno de los acusados por presuntas irregularidades en la compra de un edificio durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, fue encontrado muerto en la localidad platense de Villa Elisa. El exfuncionario tenía 55 años y en menos de tres semanas debía afrontar el juicio oral por el caso.
El cuerpo fue hallado este martes en la calle 8, entre 406 y 407, luego de que una persona que circulaba por el lugar advirtiera su presencia y diera aviso al 911.
Según los primeros informes de la Policía bonaerense, Bellingi presentaba una herida de arma blanca en la zona baja del tórax. Junto al cuerpo los investigadores encontraron un cuchillo tipo criollo con mango de madera y su vaina, además de una mochila.
En el lugar también estaban su billetera, teléfono celular y reloj. De acuerdo con las primeras observaciones, no presentaba a simple vista signos de defensa ni otras lesiones. A partir de esos elementos, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que podría haberse quitado la vida, aunque las circunstancias de la muerte permanecen bajo investigación.
El hecho causó conmoción en el ámbito judicial debido a que faltaban unos 20 días para que Bellingi se sentara en el banquillo junto con Gils Carbó, exprocuradora general de la Nación.
La causa por la compra del edificio
El expediente se centra en la adquisición realizada en 2013 del inmueble ubicado en Perón 667, en la Ciudad de Buenos Aires, conocido como el Petit Hotel y destinado a dependencias de la Procuración. La operación se concretó por $43.850.000.
Bellingi intervino en el proceso de licitación desde su función administrativa en el organismo. La investigación puso bajo la lupa, además, la participación de su medio hermano Juan Carlos Thill, quien recibió una comisión de $3 millones, equivalentes entonces a unos US$500.000.
Thill había asesorado a la inmobiliaria que, a su vez, intervino para Arfinsa, la empresa que terminó vendiéndole el inmueble a la Procuración.
Uno de los elementos centrales de la investigación fue que los contratos relacionados con el pago de las comisiones habían sido firmados antes de que se hiciera público el resultado de la licitación.
La acusación sostiene que la operación habría sido direccionada para favorecer a determinados intermediarios y permitir el cobro de comisiones millonarias. La hipótesis judicial plantea que el procedimiento habría sido diseñado para beneficiar al inmueble que finalmente adquirió el Ministerio Público Fiscal.
La causa fue instruida por el juez federal Julián Ercolini, quien envió a juicio oral a Gils Carbó y Bellingi, entre otros acusados. El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°8, integrado por Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, mientras que la acusación será llevada adelante por el fiscal general Marcelo Colombo.
Gils Carbó había sido procesada en 2017 y posteriormente renunció a la conducción de la Procuración. Desde su salida, Eduardo Casal permanece interinamente al frente del organismo.