Los diez adolescentes que denunciaron por abuso sexual al empresario Marcelo Porcel recibieron en las últimas horas botones antipánico dispuestos por la Justicia como medida de protección, mientras que hoy se concretó la colocación de la tobillera electrónica al imputado para monitorear el cumplimiento de la prohibición de acercamiento a las presuntas víctimas y sus familias.
Los dispositivos fueron entregados el martes por personal de la Policía de la Ciudad en los domicilios de los denunciantes. Se trata de teléfonos con una aplicación especial que permite emitir una alerta inmediata a las autoridades ante situaciones de emergencia o incumplimiento de las restricciones impuestas judicialmente.
La implementación del sistema de geolocalización sobre Porcel registró una demora respecto de la orden judicial. Según trascendió, la fuerza encargada de colocar el dispositivo aguardaba información específica requerida para el procedimiento, entre ella el domicilio del imputado y los parámetros de distancia establecidos por la Justicia.
En ese contexto, el abogado querellante que representa a las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, presentó dos escritos ante el juzgado para reclamar celeridad en la ejecución de la medida.
El letrado había señalado que, al inicio de esta semana, ya habían transcurrido varios días desde que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso la colocación inmediata de la tobillera electrónica.
La resolución fue dictada la semana pasada al confirmar el procesamiento de Porcel en una causa en la que se lo investiga por presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de una situación de guarda. También se le atribuyen delitos vinculados con corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento.
De acuerdo con la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al empresario, donde, según la acusación, se habría aprovechado de vínculos de confianza construidos con las familias de los adolescentes. El expediente sostiene que los menores eran trasladados a esos lugares y expuestos a situaciones de contenido sexual.
Al confirmar el procesamiento, los jueces destacaron la consistencia de los testimonios obtenidos mediante cámaras Gesell y señalaron que presentaban coherencia interna, estructura lógica y manifestaciones compatibles con situaciones de abuso.
No obstante, el tribunal resolvió mantener al imputado en libertad al considerar que cuenta con arraigo, domicilio estable, actividad laboral conocida y que no registra incumplimientos de las medidas restrictivas previamente ordenadas.
Como parte de las disposiciones complementarias, la Cámara ordenó la colocación inmediata de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización sobre el imputado, además de la implementación de sistemas de alerta para las presuntas víctimas ante cualquier acercamiento prohibido.
En una resolución adicional, el tribunal confirmó la extracción compulsiva de ADN de Porcel para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con Investigaciones Criminales. La defensa había cuestionado la medida por considerar que vulneraba garantías constitucionales, pero los magistrados entendieron que la normativa vigente habilita la inclusión de perfiles genéticos de personas imputadas o procesadas y calificaron el procedimiento como una medida de carácter instrumental y registral.