Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue procesado con prisión prisión preventiva en el caso que investiga las muertes causadas por el fentanilo contaminado, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.
El juez federal Ernesto Kreplak consideró que el empresario “es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en “la adulteración del lote 31202 “perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito.
Además del propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).
Por otra parte, se dictaminaron los procesamientos sin prisión preventiva de Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.
“En el marco de las declaraciones indagatorias de María Victoria García, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Edgardo Sclafani, Arzolydis Astudillo, Rocío Garay y Eduardo Darchuk, la fiscalía federal interviniente solicitó distintas medidas de coerción con el fin de asegurar la sujeción al proceso de los imputados e impedir que obstaculicen la investigación”, agrega el documento.
La justicia federal dictó el procesamiento de Ariel García Furfaro, empresario farmacéutico y titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en la causa que investiga la muerte de 96 pacientes tras recibir fentanilo adulterado. El fallo, firmado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, también incluyó a otros directivos de las compañías implicadas y fijó un embargo patrimonial sin precedentes: un billón de pesos.
Furfaro fue considerado prima facie coautor penalmente responsable de adulteración de sustancias medicinales que provocaron al menos 20 muertes, en concurso real con adulteración peligrosa para la salud. De prosperar las acusaciones, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión.
Su madre, Nilda García, también fue procesada y recibió prisión preventiva en calidad de partícipe necesaria de los mismos delitos, aunque logró prisión domiciliaria por su estado de salud.
El expediente se apoya en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años para quienes provoquen muertes mediante el envenenamiento o adulteración de alimentos o medicamentos.
La historia judicial de García Furfaro no comienza con este caso. En 2002 fue condenado a siete años de cárcel por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante. Tras cumplir la pena, se volcó al sector farmacéutico, donde expandió su negocio con HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
Además del procesamiento por fentanilo, enfrenta otra causa por contrabando agravado, tras haber declarado ante la Aduana la importación de maquinaria desde China por un valor diez veces superior al real: US$5 millones en lugar de US$500.000.
Un informe del Instituto Malbrán resultó clave para acelerar las detenciones. Los estudios revelaron fallas sistemáticas en la cadena de producción de los lotes de fentanilo HLB 31202 y 31244.
Los especialistas advirtieron que los procesos eran “poco robustos e inconsistentes” y que la práctica de rescatar ampollas inicialmente rechazadas evidenciaba un control de calidad deficiente. El informe señaló un aumento progresivo de fallas en el sellado de las ampollas, lo que comprometía la esterilidad del producto y exponía a los pacientes a infecciones graves.
Otro hallazgo alarmante fue el “pooling” de hasta ocho lotes en un mismo ensayo de esterilidad, una práctica que viola las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) porque impide rastrear la contaminación y aumenta el riesgo de falsos negativos.
El Malbrán también detectó la presencia de bacterias letales como Ralstonia mannitolilytica, capaz de causar sepsis en inmunocomprometidos, y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, una cepa multirresistente a los antibióticos más potentes. Las muestras halladas en pacientes coincidían genómicamente con las tomadas de las ampollas incautadas.
El expediente contra Furfaro y su círculo de colaboradores se perfila como uno de los más graves de la industria farmacéutica argentina. Con 96 muertes bajo investigación, un embargo multimillonario y pruebas técnicas que comprometen la responsabilidad empresarial, el caso pone en debate la capacidad de control estatal sobre la producción de medicamentos y la responsabilidad penal de quienes los fabrican.
Los laboratorios involucrados permanecen bajo vigilancia judicial mientras se define la extensión de las penas y el grado de participación de cada directivo. Para la justicia, el proceso combina negligencia industrial, violaciones normativas y un resultado sanitario devastador.
En palabras de un investigador judicial: “El nivel de fallas en la producción no es accidental. Estamos frente a una cadena de decisiones que priorizó lo económico sobre la vida de los pacientes”.