El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., prestó hoy declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak en la causa que investiga las 96 muertes de pacientes que fueron inoculados con el fentanilo contaminado.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, García Furfaro, quien fue detenido esta semana junto a directivos del laboratorio, “pudo decir todo lo que quería decir”.
Por su parte, Nilda Furfaro, la madre de Ariel, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria luego de que su defensa solicite su excarcelación.
El artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, establece una pena de reclusión o prisión de diez a veinticinco años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona, al tiempo que, en el caso de hallarse lesiones gravísimas, la condena es de tres años.
La acusación es grave y el dueño de ambos laboratorios podría ser condenado por segunda vez. La primera sentencia ocurrió en 2002 cuando fue penado a siete años de prisión por el delito de homicidio simple en grado de tentativa de Rafael Lupa Cayo, un empleado de su restaurante al que le rocío alcohol y lo prendió fuego.
Allí se recibió de abogado y tras salir de la cárcel decidió abocarse a la industria farmacéutica y ahora, en su poder, tiene varios laboratorios y droguerías.
Los dos más conocidos son HLB Pharma Group y Ramallo S.A., involucrados con el opioide adulterado, al tiempo que también posee los laboratorios Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
Además de esta grave acusación, actualmente también se encuentra procesado por el delito de contrabando agravado a través de HLB Pharma.
Según esa causa, en 2022 importó maquinarias para elaboración de medicamentos desde China y en la Aduana declaró que lo adquirió por cinco millones de dólares, cuando en realidad fueron por 500 mil dólares.