Jueces y expertos constitucionalistas convocados por el Senado para exponer sobre la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia coincidieron en fijar como número más adecuado para garantizar la eficiencia el alto tribunal el de cinco o siete integrantes.
La recomendación fue planteada hoy durante un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta convocado para analizar varias iniciativas de distintas bancadas para ampliar la Corte, conformada en la actualidad por cinco jueces, pero en la que dos lugares se encuentran vacantes por falta de acuerdo político.
La reunión fue la cuarta informativa del plenario de comisiones, pero la presidenta de Asuntos Constitucionales, la peronista cordobesa Alejandra Vigo, adelantó que convocará a un encuentro de senadores --sin expositores-- para fijar la agenda del tratamiento del tema, lo que fue interpretado como una aceleración para que la norma llegue al recinto a corto plazo.
Expusieron durante el plenario las juezas María Eugenia Chapero, Eleonora Peliza y Marta Altabe y los constitucionalistas Antonio María Hernández y Alberto Spota. Los tres temas más destacados fueron, la cantidad de vocalías, la eventual división en salas por materia y la paridad de género entre sus miembros.
En materia de integración por género estuvieron de acuerdo Chapero, Peliza, Altabe y Hernández en establecer una paridad plena, es decir, mitad de miembros para cada uno. La única voz disidente fue la de Spota. El profesor de derecho constitucional de la UBA alegó que esa exigencia no se podía reglamentar por ley, ya que la Constitución prescribe que la selección de jueces de la Corte corresponde al Poder Ejecutivo y al Senado. La sanción de una ley daría competencia a la Cámara de Diputados, lo que consideró inconstitucional.
Hubo, en cambio, consenso para no elevar el número de vocalías a más de siete. El criterio imperante fue que el debate debía girar no sobre el número de jueces, sino sobre el número de causas que llegan al tribunal. Un número superior a siete ministros –algunos proyectos los elevan a quince—ralentizaría la toma de decisiones y resentiría la eficiencia del tribunal.
Un problema similar quedó planteado en cuanto al objetivo de garantizar una representación federal en la Corte, así como la especialización de sus integrantes en la totalidad de ramas del derecho. De imponerse esos requisitos en ambos casos para cumplirlos debería aumentarse excesivamente el número de ministros.